El Gobierno reserva al PNV la ley de secretos oficiales en el reparto de banderas para allanar los Presupuestos

El PSOE presentará este viernes en el Congreso la proposición de ley para reformar la denominada ley mordaza. Lo hará con las firmas de ERC, PNV y EH Bildu, aunque serán estos últimos los que se lleven la bandera de una reivindicación clásica de las fuerzas progresistas y transversal a todos los socios. Las negociaciones se produjeron con diferentes grupos, pero fueron los abertzales quienes arrancaron el acuerdo a los socialistas -o a quienes se les concedió- para derogar algunos de los artículos que consideran más lesivos, como el uso de pelotas de goma o los delitos por desobediencia a la autoridad, a lo que se resistían hasta ahora. Una concesión a EH Bildu que ha tensado a otros socios, principalmente el PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, reprochó que se le comunicase el acuerdo solo instantes antes de hacerse público y lamentó las “dinámicas de esta legislatura”.

Frente a estas tensiones, a las que se ha sumado Podemos al considerar el pacto como insuficiente, el Ejecutivo apuesta por los equilibrios en el reparto de cesiones. En el PSOE son conscientes de que necesitan recomponer el puzle de la investidura para allanar los Presupuestos y contentar a todos, aun a costa de asumir una subida en el precio de los apoyos por la espiral competitiva. Todo ello a falta de la pieza fundamental de Junts, por lo que esperará a presentar las cuentas a después de su congreso.

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Los posconvergentes, además, evitan a toda costa desde el inicio de la legislatura que se les encuadre dentro de un bloque y exigen negociar ley a ley. De ahí que tras el acuerdo entre el Gobierno y Bildu avisasen que “desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones”. Al mismo tiempo, desdeñaban que “lo que vale para el PSOE, también vale para el resto de partidos políticos”.

En este contexto, el Gobierno, a través del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también ha acelerado las conversaciones para desbloquear la reforma de la ley de secretos oficiales, reservada a los nacionalistas vascos. El PNV lleva años batallando con esta iniciativa y fue la primera proposición de ley que registró al inicio de la legislatura. El acuerdo para desbloquear esta norma, pactando las enmiendas en comisión, es un “compromiso” que se incluyó dentro del plan de regeneración democrática y sobre el que los socialistas aseguran que “se está trabajando para que salga adelante”.

Desde el PNV apelan a la discreción sobre estas conversaciones y enmarcan la relación con el Ejecutivo dentro de la “normalidad”, si bien su competencia con EH Bildu es notoria y este jueves dejaron sentir la presión al mostrar en público su sorpresa por haber regalado a los abertzales la bandera de la ley mordaza. Ya en la pasada legislatura, los nacionalistas vascos estiraron las negociaciones con el Gobierno y subieron las exigencias para dar su apoyo a los Presupuestos de 2022 porque EH Bildu había adelantado su acuerdo con los socialistas.

Poder de veto en fiscalidad

El Gobierno central y el ejecutivo vasco celebrarán este mes de octubre la comisión bilateral para impulsar nuevos traspasos. El PNV busca que antes de final de año, coincidiendo con los Presupuestos, se cierren al menos media docena: ordenación del litoral, salvamento marítimo, meteorología, centro de verificación de maquinaria, autorización del trabajo de extranjeros y fondo de protección de la cinematografía.

En lo referente a fiscalidad, el Gobierno asume que cualquier reforma tributaria deberá ser consensuada con Sabin Etxea, al igual que con Junts. Especialmente a la hora de reformar los impuestos extraordinarios a la banca o las energéticas. Bajo este argumento se han descartado algunas de las propuestas de sus socios de coalición, como eliminar la exención del IVA a la educación y sanidad privada.

Gestos a Junts

En el juego de equilibrios, Pedro Sánchez decanta sus cesiones a ERC y EH Bildu con un foco más social y a PNV y Junts con uno más económico. Con los posconvergentes se está negociando una nueva senda de déficit, necesaria para la elaboración de los Presupuestos. Junts reclama que se incremente el déficit para las comunidades autónomas hasta un tercio del total. Un porcentaje que ya ha rechazado el Gobierno y trata de buscar una posición intermedia.

La negociación de los Presupuestos será el siguiente paso. Mientras tanto, se ha redoblado los gestos a los posconvergentes para avanzar en compromisos pendientes. Desde el impulso del catalán en la UE a la puesta en marcha de las comisiones de investigación sobre la denominada Operación Cataluña y los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, aceptando la exigencia de desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ambas comprometidas con Junts y metidas en un cajón desde el pasado mes de marzo.