La Fiscalía acusa a Peinado de ocultarle el registro a Barrabés: Se notificó "media hora después" de comenzar

El registro realizado el pasado 23 de agosto en el domicilio y sede de las mercantiles de Juan Carlos Barrabés --el empresario que colaboró con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense desde la que fue recomendado, de cara a la obtención de contratos con la entidad pública Red.es-- comenzó a espaldas de la Fiscalía, que no fue notificada hasta media hora después de la entrada de los agentes.

Así lo denuncia la Fiscalía de Madrid en un escrito con el que la fiscal Lorena Álvarez Taboada intentó sin éxito anular la diligencia ordenada por el juez Juan Carlos Peinado y paralizar los registros, que se extendieron durante dos días y dieron como resultado la incautación de diversos dispositivos de Barrabés y su familia cuyo contenido ahora forma parte de la investigación.

En este documento, al que ha tenido acceso este diario, la propia fiscal arremete contra la urgencia dada por el juez a estas diligencias, cuyo objetivo no parece ser otro que "limitar el control de la estricta legalidad que corresponde al fiscal". Agrega que la premura con la que se ordenó la entrada de los agentes de la Guardia Civil en las dependencias del empresario le impidieron tanto recurrir la medida antes de su práctica como acudir presencialmente a los propios registros.

Impidió el control del fiscal

La orden de entrada fue dictada por el juez el día anterior, 22 de agosto, si bien no fue firmada hasta el día después, la misma jornada de los registros a las ocho de la mañana, según advierte la fiscal, que añade que "la propia resolución establece que se practicará al día siguiente de su dictado". El registro comenzó, en todo caso, "media hora antes de la notificación al fiscal", y ello impidió "el control por parte del mismo de los requisitos legales, vulnerando la tutela judicial efectiva" que establece la Constitución.

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Además de apuntar a estas circunstancias tan irregulares, la Fiscalía también rechaza en su recurso a la urgencia y necesidad de los registros y afirma que, "más aún, no se justifica si existe o no indicios de pérdida de fuentes de prueba fundamentales al objeto de la instrucción". A ello se sumaba la limitación de derechos al propio empresario, ingresado entonces en el hospital.

Destrucción de volcados

Cinco días más tarde, la Fiscalía insistió en este punto en un nuevo escrito y además solicitó la destrucción de "cualesquiera informes o documentos" que habían sido volcados desde los dispositivos incautados a Barrabés y su familia. 

Según la Fiscalía, la medida "es desproporcionada a los fines de la investigación", al no haber justificado convenientemente el juez Peinado "cuál es la sociedad afectada o personas de relevancia para la investigación" que realiza a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "De nuevo nos encontramos con alegaciones genéricas e imprecisas, que no justifican una intromisión de tal calado en la vida del investigado y de su familia".

"Escarnio público"

Las referencias genéricas a los indicios contra Barrabés que apunta el juez para justificar la diligencia, "sin precisar qué hechos son imputables a la persona cuyo derecho se constriñe, ni cuáles son los elementos que determinan su participación, no cumplen el mínimo exigible para acordar una medida con la entrada y registro en el domicilio", afirma la Fiscalía, que concluye que la trascendencia social del caso "no debe confundirse en modo alguno con escarnio público".

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Los registros se enmarcan en una pieza del procedimiento que indaga sobre la relación comercial entre Barrabés y varias administraciones públicas, y han continuado el pasado 25 de septiembre en la sede de la entidad pública Red.es, que fue la que adjudicó varios servicios a una UTE de la que formaba parte la mercantil de Barrabés recomendada desde la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. 

El propio Barrabés los recurrió aludiendo a la "infame politización" del procedimiento y la "reconfiguración forzada" del juez para seguirle investigando a pesar de la entrada de la Fiscalía Europea en relación con los contratos concretos con Red.es, financiados con fondos europeos.