La Audiencia de Madrid vuelve a fijar para el lunes el recurso de Begoña Gómez contra la instrucción de Peinado

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid no ha querido retrasar más de una semana las deliberaciones en las que decidirá si respalda, acota o anula la instrucción realizada por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. De ahí que en cuanto ha recibido "el testimonio completo del procedimiento correspondiente" seguido en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid haya procedido a volver a señalar, ahora para el próximo lunes, día 7, las deliberaciones sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno y por la fiscalía contra la investigación, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La deliberación y fallo de las impugnaciones que consideran que la instrucción realizada por Peinado es "prospectiva" estaba señalada para el pasado lunes, día 30 de septiembre, pero tuvo que aplazarse al percartarse los magistrados que las diligencias 1146/2024, abiertas contra Begoña Gómez, no habían llegado en su totalidad a la Audiencia Provincial.

En concreto faltaba el recurso fundamental que debían resolver: el interpuesto por la defensa de Gómez, ejercida por el exfiscal y exministro Antonio Camacho, con los argumentos a favor del archivo de unas pesquisas que tacha de "prospectivas", en las que el juez se resiste a concretar cuál es el objeto de investigación, pese a los reiterados escritos del abogado en este sentido.

El que las deliberaciones se suspendieran el mismo día en que estaban previstas, pese a que la representación de la esposa de Pedro Sánchez había solicitado en julio que adelantara su pronunciamiento, para no tener que esperarlo tres meses, hacía presagiar que el debate no se reanudaría hasta transcurridas tres o cuatro semanas, según los cálculos dados a conocer por el propio TSJM ante el volumen de impugnaciones en manos de la Audiencia madrileña en estos momentos y dado que las interpuestas en causas con presos siempre tienen prioridad, aunque no tengan la relevancia mediática que conlleva la imputación de la mujer del presidente del Gobierno.

Finalmente la Sección 23, que ha sido muy criticada por no haberse dado cuenta de que faltaba el recurso hasta el mismo día en que se sentaba a debatir, ha decidido adelantar el asunto a la próxima semana para que el retraso en su pronunciamiento sea el menor posible y así aclarar la validez del procedimiento en el que Begoña Gómez está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La imputación, que inicialmente solo se dirigía contra ella, también se extiende al empresario Juan Carlos Barrabés, recomendado por Gómez a través de la remisión de cartas desde su cátedra de Transformación Social Competitiva, y al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, después de que el vicerrector Juan Carlos Doadrio declarara ente el juez que, tras volver de Moncloa, le dijo que "tenía que darle una cátedra a Gómez".

La defensa de Begoña Gómez argumentaba ante la Sala "las graves violaciones del Derecho de defensa" que, a su juicio, se están produciendo en la causa, "dada la errática deriva procesal y material que está tomando" el procedimiento, "plagado de actuaciones que vulneran, entre otros, el Derecho de defensa y el Derecho a un proceso justo".

Entre la enumeración de vulneraciones que incorpora al recurso está que el juez Peinado "dio traslado de la documentación presentada por los dos periodistas que depusieron en primer lugar" como testigos, "así como del contenido de sus declaraciones, únicamente a la única acusación personada en ese momento: el partido político Vox, en una violación grave patente y perfectamente documentada del secreto de las actuaciones", cuando ello hace que solo pueden ser conocidas por la fiscalía.

Añade el cambio de condición de Barrabés y Goyache "a investigados en unos pocos días, sin que ni de su declaración ni de lo actuado existiera ningún dato concreto distinto a los que había en el momento que se recogió su declaración testifical". Además, sostiene que Peinado "ha ido uniendo al procedimiento sistemáticamente escritos de distinta índole, en los que se daba cuenta de noticias publicadas por medios de comunicación, aportando documentación diversa y proponiendo diligencias, por aquellos que no eran parte".

"Quizá, lo más grave", decía el recurso, es que "el objeto de este procedimiento es mutante en la mente del juzgado instructor", como la defensa considera que se desprende del auto en el que le contestó que se investigaba "en esencia la inicial denuncia de Manos Limpias únicamente", y durante la declaración de Doadrio que también la concesión de la cátedra que ella dirigía.

La defensa también señalaba que Peinado contestó a uno de sus recursos diciendo que en la causa se investigan "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados, a la UTE, constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea".

Pese a ello, "el instructor comenzó a acordar diligencias de investigación y múltiples declaraciones que afectaban al rescate de Globalia /Air Europa y también a las pretendidas irregularidades en la Universidad Complutense de Madrid".