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Estos son los indicios que apunta la Audiencia de Madrid para mantener la causa contra Begoña Gómez

El tribunal de apelación acota las pesquisas poniendo el foco en las adjudicaciones al empresario Barrabés y el máster en la Complutense

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y su mujer, Begoña Gómez (c).

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y su mujer, Begoña Gómez (c). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

La Audiencia de Madrid ha dado vía libre a la instrucción que el juez Juan Carlos Peinado venía desarrollando en torno a posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios cometidos por la esposa del presidente del Gobierno. Confirma que debe quedar fuera de la investigación todo lo relativo a las relaciones de Begoña Gómez con el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en relación con el rescate de Air Europa y su contrato con el hub de innovación Wakalua, pero ¿Cuáles son las materias que quedan dentro de la investigación?

Contratos de Barrabés

En primer lugar, la Audiencia centra la existencia de indicios en un posible tráfico de influencias entre Gómez y el empresario también investigado Juan Carlos Barrabés, que colaboró en la cátedra de Transformación Social competitiva que Gómez codirigía y desde la que fue recomendado para la obtención de adjudicaciones en la administración pública, concretamente para tres contratos realizados por la entidad Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación

La investigación de estos expedientes pasó a ser cosa de la Fiscalía Europea, por comprometer fondos de la Unión, si bien la Audiencia de Madrid apunta en su auto que no todos los contratos obtenidos por la empresa de Barrabés Innova Next S.L. identificados por la UCO tienen que ver con los expedientes de Red.es.

La propia la Guardia Civil, en el informe que realizó por orden del juez al inicio de la instrucción, apuntó a la existencia de 99 expedientes de contratación, cuyo importe se cifra en 24.923.443 euros, en los que la mayor parte de las adjudicaciones fueron logradas Next en diversas administraciones públicas. Por su parte, los magistrados apuntan ahora a "la llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los másteres es verdaderamente significativa".

Patrocinio de la Cátedra

En otro punto de su auto, la Audiencia de Madrid subraya que el objeto de la investigación del juez Peinado se ciñe, por lo tanto, a "toda aquella actividad desarrollada por la investigada en relación con el "despegue de su actividad profesional", desde la ideación y creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva hasta su relación con aquellas personas, empresas y también instituciones "que le han dado soporte, financiación, patrocinio, colaboración o ayuda, económica, logística, de formación, o de cualquier otro tipo".

De hecho, la instrucción ha dado lugar a la imputación del propio rector de la Complutense, Joaquin Goyache, quien reconoció durante una primera declaración como testigo haber acudido al Palacio de la Moncloa a requerimiento de la propia Gómez para tratar sobre la creación de esta cátedra. También han pasado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón, y del CEO de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, en calidad de patrocinadores para aclarar el origen y desarrollo de este apoyo al curso dirigido por la mujer de Pedro Sánchez.

Los magistrados también afirman, por lo tanto, que además de los contactos con Barrabés deben investigarse "otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la "creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados".

El software y la mercantil de Gómez

También se apunta a la posibilidad de que la causa engorde con un nuevo delito, el de apropiación indebida, relacionado con el uso del software de la Universidad Complutense, que Gómez registró en una mercantil propia --Transforma TSC--, para utilizarlo en su cátedra. Sobre esta cuestión Sala de la Audiencia se atiene a lo que ya manifestaron sus compañeros de otra sección hace un par de semanas, en el sentido de que el asunto corresponde por conexidad al juez Peinado. En este fleco de la investigación se indaga sobre una adjudicación para el desarrollo de este programa informático por importe de 72.000 euros de fondos universitarios.

Otro dato importante para la Audiencia es la condición de Begoña Gómez, como administradora y socia única de la mercantil Transforma TDC, que constituyó en noviembre de 2023 con un capital social de 3.000 euros. Sobre esta empresa, se dice que, aunque con carácter meramente indiciario propio de la instrucción, su existencia parece apuntar a "la existencia no solo de un interés profesional en el ámbito docente, sino también personal en el ámbito empresarial".

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