El PP trata de evitar que la crisis de los presos de ETA se extienda a sus bases: "La gente no entiende qué ha pasado"

Mientras el PP intenta recomponerse de una gravísima crisis interna a causa de la reforma legal que permitirá rebajar condenas de etarras y que el partido apoyó por error -especialmente en el grupo parlamentario del Congreso donde la desolación es absoluta- los esfuerzos se centran en hacer pedagogía para evitar la desafección de las bases y del propio electorado. Los dirigentes de distintos territorios -alcaldes, concejales, además de diputados- relatan amargamente cómo en sus provincias, municipios e incluso núcleos personales los reproches no dejan de sucederse. "La gente no entiende cómo ha podido pasar esto", coinciden varios cargos.

El PP es consciente de que el error parlamentario por el que apoyó la tramitación de esta ley -que, en realidad, transpone una norma europea que conmuta las condenas cumplidas en Francia después de que Sumar derogara la excepción introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que buscaba precisamente evitar los beneficios para presos de ETA- no se alcanza a comprender en la calle. 

El riesgo es doble: por un lado, reflexionan en el partido, la sensación extendida de que “la oposición falla y no hace su trabajo” cuando a diario el PP denuncia los “atropellos constantes” del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente lo que tiene que ver con el pacto con Bildu. El mismo acuerdo que los conservadores llaman “encapuchado” a pesar de que en esta ocasión una de las reivindicaciones de la izquierda abertzale se ha hecho en el propio Congreso - “con trampas” dicen en el PP- pero al fin y al cabo a través de una ley tramitada por todos los grupos. Una idea, dicen en la cúpula popular, que “alimenta la antipolítica” y hace crecer a los populismos.

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Y, por el otro, concluyen, la desafección brutal del electorado y de las propias bases que, siguiendo la lógica de algunos dirigentes, insisten en “buscar culpables” aunque eso implique quitarle presión al Gobierno.

Como publicó este diario, la dirección nacional decidió -a pesar del enfado monumental de Alberto Núñez Feijóo, que declaró “injustificable” el error- no depurar responsabilidades. Así lo trasladó el portavoz, Miguel Tellado, en las distintas reuniones que mantuvo el martes, con todo el escándalo ya estallado. El primer encuentro fue con los diputados que fueron ponentes de la ley y los más afectados. Y el segundo, con el grupo parlamentario al completo, como siempre antes del arranque de un pleno, aunque en esta ocasión la reforma legal en cuestión acaparó todo el encuentro interno.

Allí dejó claro que no se pretendía buscar responsables individuales, ni habría señalamientos personales. Aseguró que la responsabilidad era compartida y el “error colectivo” del PP, pero también de la Cámara en su conjunto. Y todos los diputados salieron convencidos de que no habría represalias. A pesar de que sí hay un análisis de “los fallos” y las personas “que fallaron”.

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"¿De qué servirían las represalias?"

Hasta el punto de que en algunos territorios y también dirigentes de menor nivel -que recogen las reclamaciones de las bases, los vecinos y los núcleos personales- aseguran que “debe haber algún sacrificado” o la idea que se trasladará es la de que “no ha pasado nada”. Un análisis que en la cúpula y en la mayoría del Congreso no comparten.

Sobre todo, recalcan, porque forzar dimisiones en este momento “daría alas” al propio Gobierno y le quitaría presión cuando el PP lo que está trasladado, precisamente, es que “aún hay tiempo si el Ejecutivo quiere”. "¿De qué nos sirve ahora tomar represalias?", se quejan.

Después de que los conservadores retrasaran la votación haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado, el proyecto de ley no se votará hasta el próximo lunes. Feijóo volvió a pedirle públicamente -y esta vez de tú a tú- al presidente del Gobierno que diera marcha atrás. “Si le queda un mínimo de conciencia”, le espetó. 

En Génova insisten en que si ahora se dedicaran a tomar represalias “toda esa presión y esa estrategia quedarían en nada”. La postura oficial sigue siendo que no habrá cabezas de turco y que no se tomarán decisiones en busca de un culpable mientras “el Gobierno es el verdadero responsable de que salgan los etarras”.

Hacer pedagogía

Con esa intención el PP ha puesto en marcha un plan de comunicación con sus afiliados, por ejemplo, a través de SMS en el que explican lo ocurrido. Y también hay directrices internas de hacer mucha pedagogía en cada territorio para explicar lo ocurrido: no ocultar el error pero, al mismo tiempo, insistir en que aunque el PP hubiera reparado y hubiera votado en contra, “nada habría cambiado”. La mayoría de investidura sostenía el acuerdo, dicen, aunque si se hubiera conocido antes quizá algún voto habría cambiado.

Sea como sea, el hecho de que Vox también diera luz verde al proyecto de ley en el pleno es el otro elemento que “ha salvado” en boca de varios diputados al partido. “Si Vox llega a votar en contra o nuestros votos hubieran sido decisivos, no tendríamos escapatoria”, reconocía una dirigente con trayectoria. “Pero no es así. Nuestros votos no eran imprescindibles. Y después de pedir perdón y dar la cara, el único responsable es el Ejecutivo”, insisten diputados, que todavía este miércoles tenían los ojos vidriosos. El grupo está roto por un error que aunque no tenga consecuencias para muchos es “imborrable”.