RTVE duplicó el contrato a la empresa de las oposiciones que dejó al descubierto los datos personales de los aspirantes

Las oposiciones de RTVE son el resultado de una cadena de errores y contratiempos que se han saldado con un aumento considerable del gasto público de la corporación. Entre ellos, el de la empresa encargada de gestionar el proceso de selección, CEGOS, que fue la responsable de que quedaran expuestos al público el pasado agosto miles de datos personales de los aspirantes, sin que la corporación abriera reclamación alguna o cancelase el contrato por este motivo. La compañía, que firmó en 2022 un contrato inicial de 586.874 euros, finalmente ha percibido 1.173.748 euros, debido a todos los retrasos que han ido encadenando las oposiciones.

Pese a lo elevado de la cantidad, ni siquiera está previsto que la empresa vaya a hacerse cargo de la totalidad del proceso de oposiciones, sino sólo de la primera fase de pruebas teóricas. Y es que el contrato expira a finales de noviembre, y la dirección ha expresado su voluntad de no renovarlo, teniendo que hacerse cargo RTVE de concluir la gestión de las oposiciones. Para ello, RTVE tendrá que habilitar una plataforma que canalice todo el proceso de selección, algo que deberá estar listo en poco más de un mes y medio, sin que haya constancia de que se esté trabajando en este sentido.

Sin reclamaciones

En la primera semana de agosto, algunos de los aspirantes a las oposiciones denunciaron en redes que sus datos se habían hecho públicos, obligando a reaccionar a RTVE, que interpuso una denuncia ante la Policía Nacional y anunció una investigación interna de la que no se ha vuelto a tener noticia, al igual que la investigación abierta sobre las filtraciones. "Este martes, 6 de agosto, RTVE tuvo conocimiento de que en la plataforma de oposiciones de la Corporación, gestionada por la empresa CEGOS, se había producido un incidente de seguridad relacionado con la descarga no autorizada de documentación existente en la base de datos, afectando, en algunos casos, a datos personales de los participantes en el proceso de oposiciones", detalló el comunicado de RTVE, donde se anunciaba que se había pedido a CEGOS "una auditoría sobre el incidente para determinar las posibles responsabilidades". Una auditoría de la que tampoco hay constancia más de dos meses después.

En el Consejo de Administración de RTVE del mes de septiembre, el primero tras lo sucedido, algunos consejeros plantearon la posibilidad de rescindir el contrato o elevar una reclamación económica, pero la presidenta interina, Concepción Cascajosa, rechazó estas opciones, alegando que el contrato se extinguiría a finales de noviembre, y que RTVE volvería a dirigir el proceso de oposiciones, para lo que estaría listo una plataforma para tal efecto.

Lo cierto es que los gastos asociados a las oposiciones de RTVE no han hecho más que aumentar en los últimos meses. El último revés, hace apenas dos semanas, con la suspensión in extremis del examen de periodista por el escándalo de las filtraciones de preguntas, obligará previsiblemente a afrontar los gastos incurridos a los más de 5.000 aspirantes que se presentaban, un desembolso que en la cúpula cifran en un mínimo de 500.000 euros. Estos pagos previsibles se suman a las devoluciones que ya se hicieron efectivas en verano para compensar los gastos de la suspensión de los exámenes en octubre de 2023, cuando tuvo que cancelarse la convocatoria después de que la Audiencia Nacional anulara las bases del concurso. En aquella ocasión, la corporación creó un email para que los opositores pudieran reclamar gastos, aunque esta medida llegó en julio, nueve meses después de la convocatoria fallida.

Golpe de la Audiencia Nacional

El principal escollo del proceso, y el que ha provocado un importante aumento de los gastos de RTVE fue la aprobación de las primeras bases en diciembre 2022, tres meses después de la dimisión de José Manuel Pérez Tornero y bajo la presidencia interina de Elena Sánchez. En ellas se exigía el “haber prestado servicios por un periodo igual o superior al año" como requisito para presentarse a las oposiciones, y premiaban a los trabajadores sin plaza fija en RTVE, el 42% de la plantilla, según reveló EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Estos apartados fueron después anulados por la justicia, que consideró que el criterio "resulta contrario al principio de igualdad". La demanda llegó del sindicato CGT, y a ella se adhirió CCOO, mientras que UGT -hoy bajo sospecha por las filtraciones- se opuso a la demanda y testificó a favor de RTVE.

La anulación de las bases obligó a RTVE a prorrogar la duración del contrato a la empresa en la que se habían externalizado su contrato, CEGOS. El contrato se firmó el 29 de noviembre de 2022 y duraba 12 meses, pero la suspensión de las pruebas y la necesidad de publicar unas nuevas bases llevó a que la corporación prorrogase el contrato, duplicando también su coste hasta los 1,17 millones de euros, una cantidad donde no entraba el alquiler de las sedes donde se realizan los exámenes, que corre a cargo de la entidad pública.

El contrato no ha sufrido modificaciones posteriores pese al episodio de exposición de datos del pasado agosto, y pese a que en los pliegos de licitación se exigía a la empresa mantener la confidencialidad respecto a toda la información relativa al proceso de RTVE, con un especial cuidado en la protección de datos. En este documento, se obligaba a la empresa adjudicataria a "mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso". Una máxima que se vio incumplida con la importante brecha de seguridad de verano. A día de hoy, no se conocen novedades ni sobre la investigación interna abierta entonces ni sobre la denuncia que RTVE interpuso ante la Policía Nacional.

Polémico contrato

En octubre de 2021, cuando comenzaba a prepararse el proceso de oposiciones durante la presidencia de Tornero, se procedió también a licitar un contrato para externar la organización de oposiciones. La decisión generó cierta polémica a nivel interno, con la oposición de algunos miembros del Consejo de Administración, puesto que hasta entonces las oposiciones se habían gestionado siempre desde RTVE. La justificación que dieron entonces fue el gran volumen de aspirantes y de plazas disponibles -1.470 en total-, después de que las últimas oposiciones se celebrasen en 2007, hace ahora 14 años.

Después de todos los reveses sufridos en los últimos tres años, no está previsto que se renueve el contrario con CEGOS, aunque esto dependerá de si RTVE está en condiciones de asumir la dirección del proceso a finales de noviembre. La empresa contratada ya fue la responsable del fiasco de las oposiciones del Metro de Madrid, en las que 3.000 opositores denunciaron irregularidades, y en las macro oposiciones de la Generalitat en mayo de 2023, que se convirtieron en un calvario para los 13.581 candidatos, que en muchos casos tuvieron que repetir el examen ante la falta de material en la convocatoria. El revés en aquel caso se acabó saldando con el cese de la entonces directora de Función Pública del Govern de Pere Aragonés. En el caso de RTVE, no se ha exigido ni asumida ninguna responsabilidad por lo sucedido.