El PP se escuda en los letrados del Senado para vetar la ley que beneficia a presos de ETA y devolverla al Congreso

Sorpresa de última hora. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ha considerado que el rechazo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta a la ley que beneficia a presos de ETA se puede entender como un veto, pese a que ningún partido registró enmiendas o propuestas de veto. El presidente ha dado este paso después de blandir un informe solicitado a los letrados del Senado. Esta decisión de Rollán va en contra de lo que los propios populares decían la semana pasada, cuando aseguraron que no tenían ningún margen de actuación y que la norma se publicaría en el Boletín Oficial del Estado pese a que la Cámara Alta se opusiera.

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"No existen precedentes comparables al que ahora se plantea", señala el informe de la secretaría general del Senado en el que se argumenta que aunque ningún partido presentara una propuesta de veto, como exige la Constitución para oponerse a una norma, se debe entender que "un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso". Así, la norma deberá volver ahora a la Cámara Baja, donde el Gobierno y sus socios deberá levantar el veto.

El sorpresivo anuncio de Rollán se ha producido tras la votación en la que PP, Vox y UPN -148 senadores en total- se han opuesto a la norma. El resto de partidos, 111 parlamentarios, han votado a favor y solo dos se han abstenido. "Sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo", continúa el informe en el que se admite que no se ha registrado una "enmienda de totalidad de devolución" pero que, a la vez, "ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente". Fuentes cercanas a Rollán lo reducen a un "vacío legal".

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No hay nada de eso para el PSOE. "Lo que se ha producido hoy no es más que un rechazo, pero que debe ser exclusivamente comunicado al Congreso y en ningún caso debe asimilarse a la consideración de un veto", ha apuntado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. Además, fuentes socialistas recuerdan que la Constitución, en su artículo 90.2, es clara y establece que el Senado "puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto", algo que el PP no ha hecho, y que el reglamento de la Cámara Alta en su artículo 107.2 establece que las "propuestas de veto deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa".

En las próximas semanas deberá ser la Mesa del Congreso la que estudie la situación, también con los informes de sus letrados, y decida si aceptar el veto enviado por el Senado y, por tanto, plantear una votación en el Congreso para levantar ese rechazo o, por el contrario, no reconocer la decisión de Rollán y dar por aprobada la ley.

Cambio de posición

El pasado lunes, cuando se supo de las implicaciones de la norma que beneficiaría a los presos de ETA, fuentes de la dirección del PP compartían la visión de los socialistas y admitieron que no tenían margen de actuación, ya que no habían presentado enmiendas ni propuestas de veto. Tanto es así que los populares decidieron retrasar la votación una semana para presionar al Gobierno a que retirara el proyecto de ley.

Además, este mismo lunes, en el guion de la sesión plenaria que han repartido los servicios de la Cámara Alta se incluían las palabras que Rollán iba a pronunciar con independencia del resultado de la votación: "En consecuencia, sin perjuicio del resultado de la votación inmediatamente anterior, como el Senado no ha opuesto veto ni introducido enmiendas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley".

Debate agrio

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Este cambio de guion se ha producido después de que fallara la estrategia de los populares de presionar al Ejecutivo para que retiraran la norma, algo que intentaron hasta el último momento. "Hoy están a tiempo de retirar esta ley o de abrazar el aplauso de los presos de ETA", ha sentenciado la senadora Marimar Blanco durante un agrio debate en el que ha pedido "perdón" a los españoles por el error cometido y ha arremetido contra el Ejecutivo por haber colado "de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios". Blanco solo ha hecho referencia al terrorista Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, que justamente no se beneficiará de esta norma.

"Esta es precisamente la principal diferencia entre ustedes y nosotros, la diferencia entre lo nauseabundo y lo correcto. Lo correcto es que si cometemos un horror, lo corregimos. Lo nauseabundo es no retirar un proyecto de ley a pesar del grito desamparado de las víctimas", ha dicho continuado. Además, ha reiterado en numerosas ocasiones que todo es fruto del "pacto encapuchado" con EH Bildu: "Están barriendo la dignidad de las víctimas bajo las alfombras del sanchismo para echarse en brazos de Bildu, lo que demuestra la falta de escrúpulos de este Gobierno, que prioriza su supervivencia sobre la justicia y la dignidad".

La respuesta

En frente, y a excepción de Vox y UPN, el resto de formaciones han defendido la norma, ya que aseguran que es necesario equiparar a España al resto de países, de tal forma que las condenas se apliquen de igual manera en todos los países de la Unión Europea. El senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha apuntado que servirá para "asumir el mismo marco legal que el resto de Europa". Además, todos han recordado que durante la tramitación realizada en el Congreso se aprobó por unanimidad la norma y han puesto en duda que el PP no tuviera constancia del cambio que aprobó introducir, ya que la enmiendas es clarísima. 

La senadora del PP María Elena Diego Castellanos ha defendido que la introducción de la enmienda fue “un proceso con luz y taquígrafos”, ya que todos los diputados tuvieron las enmiendas durante más de un mes antes de que se votaran. Además, ha afeado a los populares que ahora hayan intentado paralizar la tramitación haciendo uso de su mayoría en el Senado: “Esta Cámara no es su casa”. Los demás portavoces han incidido en los mismos reproches.