El error del PP con la ley que libera a etarras provoca la primera gran crisis de Feijóo con dudas sobre sus equipos

Los esfuerzos de la dirección nacional del PP por contener la crisis que desató el apoyo del partido a una reforma legal que puede contribuir a rebajar penas de presos de ETA e incluso a que se adelanten excarcelaciones ha funcionado a medias. La trama Koldo ha vuelto a irrumpir en la política española, pero la digestión en el PP por el error cometido continúa. La cúpula envió el mensaje de que no habrá represalias personales ni señalamientos concretos por un fallo que Alberto Núñez Feijóo llegó a calificar de “injustificable”. El grupo parlamentario intenta recomponerse de una situación muy complicada. Pero el ruido interno no cesa y algunos dirigentes auguran que las réplicas seguirán sucediéndose. Las dudas vuelven a sobrevolar los equipos.

Este lunes, precisamente, la ley termina su tramitación en el Senado, donde los conservadores consiguieron retrasar la votación unos días. En Génova aseguran que siguen "analizando cualquier opción para frenarlo", aunque "hay muy poco margen". La cruda realidad se volverá a abrir paso. Sigue habiendo muchos dirigentes que insisten en que deberían depurarse responsabilidades para lanzar un mensaje interno, y también hacia afuera: que cuando las cosas no se hacen bien hay consecuencias. En Génova no lo ven así: insisten en que eso quitaría presión al Gobierno, que es el verdadero responsable de la reforma legal. Reconocen también que el hecho de que los votos del PP no fueran decisivos y Vox apoyara la ley fue “un alivio”, que “colectiviza” el error y permite que no rueden cabezas.

Con todo, son muchos los dirigentes que coinciden en que esta es la crisis interna más importante que Feijóo ha tenido que afrontar desde que tomó las riendas del partido. Los últimos días han sido un reflejo muy claro de la gravedad. 

El PP mantuvo una discusión jurídica durante varios días sobre la norma legal que rebaja las penas a etarras

El jueves por la mañana el líder del PP permanecía sentado en su escaño muy serio. Acababa de defender la posición de su partido en la ley ELA desde la tribuna de oradores. Uno de los pocos éxitos legislativos con verdadero consenso en lo que va de legislatura. En ese momento estaban saliendo ya informaciones nuevas sobre la trama Koldo y el foco volvía a estar puesto en el Gobierno después de días muy complicados en su bancada. Pero siguió serio. Casi todos los diputados de su grupo parlamentario se daban cuenta. El comentario se repitió en todas las filas: “Pocas veces le hemos visto así”.

Desde su sitio intercambió algunas palabras con Cuca Gamarra, sentada a su lado. Pero no mira más allá. Justo a continuación se sitúa Miguel Tellado -portavoz parlamentario y su persona de total confianza en Galicia, con el que vino a Madrid-. Y después de él, el resto de la dirección del grupo parlamentario, ahora muy cuestionada por algunos sectores del partido. 

“Un enorme ajuste de cuentas”

Hay diputados del PP que apelan a “un análisis frío” de lo ocurrido y aseguran que esta crisis ha desatado “un enorme ajuste de cuentas”, reavivando luchas de poder y protagonismos que llevan tiempo latentes. Entre los nombres propios de los supuestos responsables destaca el de Tellado como máximo responsable jerárquico. Algunos dirigentes insinúan que en muy poco tiempo el portavoz acumula “demasiadas polémicas” mientras se ve “descontrol” en el funcionamiento del grupo, y que más allá de su propia actuación, también están en cuestión “las personas que le rodean”. 

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La secretaria general, la alicantina Macarena Montesinos, también aparece como señalada por algunos de sus compañeros de filas. Tellado y Montesinos respaldaron en la discusión jurídica de hace días sobre si realmente el PP había actuado mal o no a la diputada María Jesús Moro, que también centra las miradas por haber actuado como ponente de la ley. Tellado, sin embargo, ha dejado muy claro que no señalará a nadie de su bancada e insistió a los suyos en que "son equipo" también en las malas situaciones.

Moro, además de una de las diputadas jurídicas del grupo más respetadas, es de la confianza de Esteban González Pons y pertenece al núcleo duro de Génova en el área de Justicia. No es una parlamentaria más. También estuvo al tanto del pacto del Consejo General del Poder Judicial y otros asuntos de máxima relevancia. De hecho, hay muchos diputados que insisten en que “esto le puede pasar a cualquiera si le ha ocurrido a María Jesús”. La salmantina estuvo en la constitución de la ponencia de la ley en discusión el 31 de julio sustituyendo a la diputada gallega Ana Vázquez, que junto a los otros dos ponentes, también están siendo muy discutidos por haber defendido a capa y espada la transposición de la norma europea en la tramitación parlamentaria.

Como publicó este diario, el debate jurídico se desató el pasado fin de semana cuando el PP recibió la noticia de que ‘El Confidencial’ iba a publicar el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esa reforma legal. La discusión se centró, precisamente, en que hay una parte de dirigentes del PP que aseguran que no se producirán los efectos publicados y que no habrá rebajas de penas en algunos casos. Por otro lado, también dirigentes populares reconocen a este diario que en la tramitación de la ley no pensaron en el caso de los etarras. 

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De ahí que convivan las dos versiones, al menos, en parte: hubo un error, pero también hubo un análisis de lo que ese error implicaría. Y Feijóo acabó imponiendo la tesis de pedir perdón, reconocer la equivocación y tratar de repararlo, aunque no todos coinciden con esa visión.

Hay asesores parlamentarios sobre los que también pesan críticas importantes. Pero, sobre todo, el temor a que “las cosas no estén funcionando” y, de ahí, que haya voces que consideran indispensables “ajustes” y “cambios” en el grupo del Congreso. Las portavocías adjuntas, se quejan algunos dirigentes, “tampoco funcionan”. 

No faltan las críticas hacia “el equipo de Génova” en referencia a la dirección nacional. Muchos diputados piensan que los vicesecretarios designados por Feijóo generan “tapones” a la hora de actuar en el Parlamento y que, a pesar de creer que tienen toda la información centralizada, muchas veces “generan problemas y errores” por acumulación de trabajo y falta de agilidad.