El 'chiringuito' financiero que pagó a Alvise pide investigar el origen de los fondos de sus inversores

Un socio de Álvaro Romillo, el empresario cripto que entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez, ha pedido a la Audiencia Nacional que paralice la investigación de Hacienda en contra de la principal sociedad del grupo empresarial y que investigue el origen de los fondos de los inversores del 'chiringuito' financiero acusado de haber cometido una estafa piramidal. "Entre las funciones de los juzgados no se encuentra el lavado del capital aflorado por los denunciantes", dice el escrito al que ha tenido acceso en primicia EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La solicitud fue presentada el lunes ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, que es donde se investiga una presunta estafa que afectaría potencialmente a más de 27.000 personas y superaría los 300 millones de euros.

Así, el administrador de EluLegal España SL, una de las sociedades más importantes del grupo Madeira Invest Club, ya que es la que se encargaba de los servicios de "elusión fiscal", ha pedido al juez José Luis Calama que identifique a las personas "que realizaron pagos" al 'chiringuito' financiero y a Álvaro Romillo, así como "el importe de los mismos", ya "que los cobros se realizaron en efectivo o en criptomonedas (capital que aflora y cuyo origen desconocemos)".

Hacienda puede ser parte perjudicada

Por ello, dice, debería abrirse una investigación antes de "atribuir la condición de afectados a los denunciantes", ya que "entre las funciones de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional no se encuentra el lavado del capital aflorado por los denunciantes".

Por lo tanto, este socio de Álvaro Romillo, que consta como administrador único de EluLegal España y que está denunciado en el caso por ser, según la acusación, "uno de los principales responsables" de lo sucedido, entiende que no se pueden "devolver capitales que previamente hayan sido defraudados a la Agencia Tributaria -mediante la elusión fiscal-, que no tengan un origen lícito acreditado o que no cumplan con la normativa de blanqueo de capitales".

El escrito concluye que Hacienda podría verse "afectada por los hechos denunciados" en el caso, "dada la falta de control del origen de los pagos realizados a la mercantil Elulegal España SL y del capital entregado a Álvaro Romillo". Y, de esta forma, propone que se le ofrezca a la Agencia Tributaria personarse en el caso por medio de la Abogacía del Estado si así lo cree necesario.

"Es un claro reconocimiento de su responsabilidad, no solo de un delito de estafa, sino también de blanqueo de capitales. Vamos a solicitar que se decrete prisión preventiva en base a esa falta de control de la legalidad de los capitales invertidos", anuncian en declaraciones a este periódico desde el despacho Aránguez Abogados, que representa a una de las dos asocaciones de damnificados por la presunta estafa piramidal.

A su vez, el administrador de EluLegal ha pedido al Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional que pida a la Agencia Tributaria la paralización del expediente de inspección de la sociedad abierto por el IVA de 2022 al primer trimestre de 2024 y por el Impuesto de Sociedades de 2022 y 2023.

Madeira Invest Club, un 'chiringuito' financiero

Lo sucedido habría tenido lugar en Madeira Invest Club, un club de inversión cerrado que prometía altísimas rentabilidades y servicios de elusión fiscal. Una de las empresas del grupo, EluLegal SL, detallaba que su objetivo era "aprovechar la ley para, mediante la elusión fiscal, hacer que cada pesona pueda tributar lo mínimo".

Así, desde esta sociedad, que es parte de MIC, apuntan a que "resulta cuestionable admitir que adquieran la consideración de perjudicados quienes, según relatan en las denuncias, entregan cantidades de dinero en efectivo o criptomonedas, cuyo origen se desconoce, sin control alguno, bajo la supuesta promesa de recibir en un corto periodo de tiempo altas rentabilidades, firmando un contrato para la compra de una NFT -no de inversión que es el negocio jurídico que denuncian haber realizado-, entregando su dinero a una persona que es públicamente reconocida por el asesoramiento que presta para la elusión de impuestos, sin preocuparse sobre la licitud de las actividades que se están realizando con el capital entregado".

"Consideramos que el juez va a desestimar esta rocambolesca petición", explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde Zaballos, el despacho de abogados que representa a una de las asociaciones de damnificados por la presunta estafa piramidal. "Lo que deben hacer es procurar devolver el dinero que se han llevado de todos los afectados en lugar de intentar obtener sus datos personales. En ningún caso el juzgado puede darlos, dado el carácter reservado de las actuaciones, máxime cuando los fines sean ajenos a la estafa".