OPOSICIONES RTVE

Un miembro de UGT en el tribunal de RTVE, autor del documento filtrado en el examen de oposición

El documento se creó el 27 de septiembre a las 12.12 horas, dos días antes del examen que tuvo que ser suspendido

Información sobre el documento filtrado en RTVE

El documento filtrado a los opositores de RTVE que obligó a suspender el examen de oposición fue creado por Julián Pérez Olmos, miembro del tribunal elegido por UGT, el sindicato mayoritario de la corporación que fue señalado desde el principio a nivel interno como responsable de lo ocurrido. La información del archivo le sitúa como "autor" del documento, que fue adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y que se creó el pasado 27 de septiembre a las 12:12 horas, dos días antes del examen fallido y horas después de que el tribunal elaborase el contenido del examen. Contactado por este medio, Pérez Olmos ha rechazado hacer cualquier declaración al respecto.

Es lo que muestran los metadatos del PDF, titulado "LOBO". Fuentes próximas apuntan a que este título se debe a un nombre en clave que el propio tribunal escogió como contraseña para el envío del propio cuadernillo oficial de exámenes a la empresa de reprografía. Un título que responde también al nombre de una mascota de uno de los miembros del comité de evaluación, según estas mismas fuentes, y un indicio que habría sido clave para que la dirección de RTVE apuntase desde un primer momento a un miembro del tribunal como el responsable de los hechos. Una sospecha que hasta ahora no se ha traducido en acciones concretas por parte de RTVE, que abrió una investigación interna que está siendo cuestionada por sindicatos, opositores y trabajadores. Después de que este medio publicase ayer el documento filtrado en exclusiva, RTVE publicó el examen suspendido después de semanas oponiéndose a la principal reivindicación de opositores y sindicatos.

Desde el primer momento, el resto de sindicatos culpó de las filtraciones a UGT, que se opuso a establecer medidas anti filtración en el examen, y al que algunos acusan de prometer a los trabajadores las preguntas del examen a cambio de su filiación. Mientras, en UGT rechazaron todas las acusaciones apelando a la presunción de inocencia y achacaron el señalamiento al enfrentamiento sindical, al tiempo en que amenazaron con demandas a organizaciones sindicales y medios que le señalaran. Este sindicato también se opuso a firmar un documento en el que se comprometía a afrontar los gastos derivados de la suspensión del examen en caso de que su delegado en el tribunal se demostrara culpable.

Investigación interna

Los principales señalados a nivel interno fueron desde el primer momento los dos miembros del tribunal designados por UGT, sindicato mayoritario en la empresa y al que el resto de organizaciones sindicales acusan de ganar adhesiones entre trabajadores a cambio de ofrecerles ayuda para obtener plaza fija. Hay quien apunta dentro de RTVE a que esta situación era conocida dentro de la corporación -algunos consejeros llegaron a denunciarlo hace tres años-, y que hasta ahora "no se ha hecho nada" porque el sindicato tendría la "connivencia" del área de Recursos Humanos, según relatan fuentes bien situadas en el ente. "Estamos acostumbrados a que entren en los despachos de RRHH a pedir puestos", señalan estas mismas fuentes.

Tras conocerse la filtración y de suspenderse el examen, RTVE anunció una investigación interna que sin embargo lleva tres semanas paralizada y que está pilotada precisamente por el departamento de Recursos Humanos, a quien distintas voces y sindicatos también responsabilizan de los hechos. A día de hoy, la principal actuación en el marco del expediente informativo abierto para esta investigación ha sido requerir a los miembros del tribunal que trasladasen una "breve descripción" de los hechos del pasado 29 de septiembre, hace casi tres semanas, sin que haya trascendido ninguna indagación más allá de ese requerimiento.

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Este mismo jueves compareció en el Congreso de los Diputados la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, apeló a la "presunción de inocencia" para evitar hacer señalamiento alguno, después de que el diputado del PP, Eduardo Carazo, le preguntase directamente por las indagaciones y sospechas sobre la autoría de la filtración. En su extensa comparecencia, la presidenta evitó dar datos sobre la investigación interna, confirmando únicamente que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) ya había hecho requerimientos a la corporación. Además, tal como avanzó este medio, también ha llamado a declarar a varios testigos.

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