El Congreso se planta ante el Senado y rechaza volver a votar la ley que beneficia a presos de ETA

La Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, una transposición de una directiva europea que quedará marcada como la norma que beneficia a los presos etarras, se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, sigue siendo objeto de un choque institucional entre el Congreso y el Senado. Este martes, la Mesa de la Cámara Baja, basándose en un nuevo informe de los letrados, ha rechazo la petición del presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), de que se vote la ley en el Congreso una última vez tras el rechazo del Senado. Además, el PSOE ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de Rollán de considerar un veto lo que debía ser entendido como un voto testimonial. Los populares, a la par, pondrán en marcha un conflicto institucional la próxima semana.

"El Congreso de los Diputados ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y reglamentarias", sentencia el informe de los letrados de la Cámara Baja que propone rechazar la solicitud de Rollán. El texto, de cinco páginas de extensión, asegura que la votación de la ley en el Senado que derivó en el supuesto veto "se habría adoptado fuera de plazo". Además, independientemente del calendario, señalan que "lo que se sometía a votación no era una propuesta de veto, sino, por conocimiento directo, el Proyecto de Ley Orgánica" y que, por tanto, "el resultado de la votación solo podía ser uno: la aprobación definitiva por las Cortes Generales".

El informe incide en que no se presentó ninguna propuesta de veto, como marca la Constitución. A este respecto, el PP, que no registró iniciativas de esta naturaleza al considerar en un inicio que la norma era correcta, admitió al principio que no tenía margen de actuación alguno para tumbar la ley. Sin embargo, la pasada semana, Rollán esgrimió un informe de los juristas del Senado para considerar un rechazo negativo de la mayoría de la Cámara como un veto, lo que ha derivado en un conflicto que escala día a día.

Acudir al TC

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha anunciado este martes que presentarán un recurso de amparo ante el TC contra la decisión que adoptó el presidente de la Cámara Alta. "Se inventó un veto donde sencillamente el Reglamento no lo prevé", ha sostenido en una rueda de prensa. Al hilo del informe de los letrados del Congreso, Espadas ha denunciado que durante la votación de la ley se vulneró los derechos de los senadores, ya que estos pensaban que cuando votaban lo hacían testimonialmente y no que estaban votando un veto, porque no había iniciativas registradas ni Rollán anunció que el rechazo mayoritario de la Cámara podía derivar en un veto, pese a que en ese momento ya disponía del informe de los letrados que después esgrimió.

Además, al inicio del pleno de este martes, los socialistas se han negado a aprobar el acta de la pasada sesión, cuando tuvo lugar la votación. El senador socialista Alfonso Gil Invernón ha criticado que "no se recogen hechos acaecidos relevantes de cara a acciones futuras" contra la "ficción jurídica sin precedentes" que realizó Rollán.

Futuro debate

En respuesta, el coportavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Arenas, ha afirmado que la próxima semana llevarán al pleno el debate de su propuesta para iniciar los trámites para elevar al Tribunal Constitucional un conflicto institucional entre el Senado y el Congreso. El pasado viernes, los populares presentaron un escrito ante la Mesa del Senado para que este órgano requiera al Congreso que se convoque un pleno y se someta a votación el veto que impuso a la norma la mayoría de senadores de PP, Vox y UPN.

El escrito, que será aprobado por la mayoría del PP, insta al Congreso a reconocer el veto a la ley que beneficia a los presos etarras y justifica la legalidad de la actuación de Rollán, llegando llegan a decir que el reglamento del Senado incurre en un "exceso" sobre lo que plantea la Constitución al exigir que las propuestas de veto se deban registrar por escrito. Una vez aprobado, el Congreso dispondrá de un mes para responder. Y, después, el Senado podrá elevar el conflicto al TC.