El empresario que pagó a Alvise pide al juez que sólo puedan acusarle de estafa quienes acrediten el origen de su inversión

Álvaro Romillo, el empresario de criptomonedas que pagó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez "en el contexto de una campaña electoral", ha pedido al juez que instruye una causa en su contra en la Audiencia Nacional que cribe a los supuestos afectados por la presunta estafa piramidal cometida en el 'chiringuito' financiero con el que operaba.

Para ello, ha sugerido la creación dentro del caso de una pieza separada de responsabilidad civil para comprobar si los denunciantes cumplen o no con los requisitos para poder personarse en la principal, cuyas actuaciones han sido declaradas secretas.

La forma de hacerlo, según explica el escrito al que ha tenido acceso El Periódico de España, sería según los criterios fijados previamente en otro caso parecido. Los denunciantes que quieran formar parte del proceso como perjudicados deberían presentar, por ejemplo, un "contrato válidamente firmado donde estén reflejadas de forma inequívoca las condiciones y la cantidad invertida" en el Madeira Invest Club, el 'chiringuito' financiero donde se vehiculó la presunta estafa que afectaría a más de 27.000 personas y sumaría más de 300 millones de euros.

En ese sentido, quienes invirtieran en efectivo deberían "acreditar fehacientemente (con acuse de recibo) la entrega de ese dinero". Igualmente, aquellos que hiciesen sus inversiones en MIC mediante envíos deberían aportar un "justificante válido de transferencia bancaria" o, en el caso de que el dinero llegase de forma digitalmente encriptada por medio de criptomonedas, un documento de "transacción BTC junto con su trazabilidad".

La trazabilidad, un concepto clave

Es, precisamente, en esa palabra, "trazabilidad", donde se oculta una de las claves de este momento del caso. Y es que Álvaro Romillo, el empresario de criptomonedas que encabezaba este entramado, y que entregó secretamente 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez en "el contexto de una campaña electoral", como señala la Fiscalía del Tribunal Supremo, pretende que quienes invirtieron en su 'chiringuito' demuestren el origen de los fondos.

Esto es algo que ya pidió recientemente a la Audiencia Nacional una de las empresas del holding cuando Hacienda le comunicó que había abierto una inspección fiscal en su contra. Una sociedad que, además, era la que se encargaba dentro del grupo de los servicios de "elusión fiscal", que es un concepto que, en sus propias palabras, busca aprovecharse de "la ley" para "hacer que cada persona pueda tributar lo mínimo".

"Resulta cuestionable admitir que adquieran la consideración de perjudicados quienes, según relatan en las denuncias, entregan cantidades de dinero en efectivo o criptomonedas, cuyo origen se desconoce, sin control alguno, bajo la supuesta promesa de recibir en un corto periodo de tiempo altas rentabilidades, firmando un contrato para la compra de una NFT -no de inversión, que es el negocio jurídico que denuncian haber realizado-, entregando su dinero a una persona que es públicamente reconocida por el asesoramiento que presta para la elusión de impuestos, sin preocuparse sobre la licitud de las actividades que se están realizando con el capital entregado", criticaba ese documento.

Las acusaciones se oponen

Por esta "falta de control de origen de los pagos realizados" a Álvaro Romillo y sus sociedades que reconoce la sociedad en ese escrito, se pidió a José Luis Calama, el juez que instruye la causa desde el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que ofreciese a Hacienda la posibilidad de personarse como perjudicada. Esto, sin embargo, no sentó bien a las acusaciones, que no quieren que se ponga el foco de la investigación en los afectados.

"Es un claro reconocimiento de su responsabilidad, no solo de un delito de estafa, sino también de blanqueo de capitales. Vamos a solicitar que se decrete prisión preventiva en base a esa falta de control de la legalidad de los capitales invertidos", dijo en declaraciones a este periódico desde el despacho Aránguez Abogados, que representa a una de las asocaciones de damnificados por la presunta estafa piramidal.