El juez Moreno pide al Supremo que impute a Ábalos por los "indicios fundados y serios" de su participación en el caso Koldo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado al Tribunal Supremo el caso Koldo para que pueda imputar al exministro de Transportes José Luis Ábalos en la organización criminal investigada por presuntamente lucrarse con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. El magistrado ha remitido una exposición razonada con toda la causa ante los “indicios fundados y serios” del “papel principal” jugado por el exministro en la trama de corrupción. De esta forma será la Sala Segunda la que decida si se queda con todo el caso o solo con lo relativo al diputado ahora del Grupo Mixto.

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El magistrado ha contado con el informe a favor de dar este paso de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, después de que se recibiera en el Juzgado Central de Instrucción número 2 el oficio de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta participación del exministro en la red de favores que el considerado conseguidor de la trama Víctor de Aldama logró del principal asesor el exministro, Koldo García.

Anticorrupción defendió ante el juez que elevara una exposición razonada al Supremo, porque "todas las actuaciones realizadas por Koldo García Izaguirre en el ministerio" para que "la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión se desarrollara con éxito, estaba avalada por el ministro, José Luis Ábalos", pero disprepaba de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en lo relativo al rescate de Air Europa. El juez Moreno se queda con el criterio del Instituto Armado y considera que Aldama también se valió de Ábalos para "influir en la concesión final del rescate de Air Europa".

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 atribuye a Ábalos una “imputación clara y concreta” a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El magistrado subraya la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado, con lo que justifica que haya enviado la causa a la Sala Segunda del Supremo. Este miércoles Ábalos no ha acudido al Congreso, aunque sí lo hizo ayer y participó en las correspondientes votaciones.

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El juez, que deja en manos del alto tribunal decidir si asume toda la investigación o solo lo referido al aforado, atribuye a Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal, porque ocupaba un papel principal en el entramado creado por Aldama para conseguir adjudicaciones de las administraciones públicas.

También considera que debe imputársele uno de tráfico de influencias, porque entiende acreditada su intervención en la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, así como en la contratación, por dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC), a la mujer con la que entonces mantenía una relación.

Asimismo atribuye al exministro otro de cohecho por el uso y disfrute de una vivienda en localidad gaditana de La Alcaidesa como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos sanitarios, en concreto, en la gestión del expediente del que se ocupó Puertos del Estado. Otro indicio que acreditaría este delito es el pago del alquiler del piso en el que residió la pareja de Ábalos en el centro de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021 por 88.101 euros, que fueron abonados por Aldama a través de personas y sociedades bajo su control. 

En la exposición razonada, el juez considera que de lo investigado hasta ahora, que se inició con la privilegiada relación de Aldama con Koldo, en relación con la venta de mascarillas, se infiere la “existencia de una organización criminal; de concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos”, así como unos cobros obtenidos por su asesor Koldo García para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros.

Influencia de Ábalos

Como patrón general de comportamiento se comprueba que Aldama pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo 10.000 euros al mes para prevalerse de la influencia de Ábalos y actuar en beneficio de los intereses empresariales del expresidente del Zamora. Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, según el juez, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos, como el chalet de La Alcaidesa y el piso a su pareja.

Estas contraprestaciones por parte de Aldama, según el magistrado, tendrían como principal razón de ser mantener el acceso tanto a Koldo como a Ábalos, en beneficio propio y de los terceros con los que se relacionaba. Con "esa acción corruptora se permitía asegurarse la consecución de un lucro económico, asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal objeto de investigación", explica la exposición razonada.

Y todo ello durante un tiempo superior al tiempo en que Ábalos estuvo en el ministerio por las 10 personas investigadas en la causa, de manera simultánea a la celebración de los contratos investigados e, incluso, con posterioridad a los mismos, con salvoconductos para que ciudadanos venezolanos se movieran con libertad y Villafuel obtuviera la condición de operadora de hidrocarburos.

El juez afirma que “tras la salida de los dos del ministerio en julio de 2021, se siguen observando pagos recurrentes a Koldo por parte de Aldama hasta septiembre de 2022. De igual forma, añade, se ha llegado a acreditar mediante las intervenciones telefónicas cómo, incluso, en diciembre de 2023 y enero de 2024, Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Soluciones de Gestión frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban”.

La exposición considera acreditada la vinculación de Ábalos con los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión por el procedimiento de emergencia, y que Aldama era conocedor “de manera anticipada” de esa contratación. Se remite a los correos intervenidos, las declaraciones de los testigos y las intervenciones telefónicas, pero también a la propia auditoría encargada por el actual ministro, Óscar Puente.

Air Europa

En su exposición razonada el juez subraya el papel de Ábalos en el rescate de Air Europa y, en concreto, en las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos, que le permiten apreciar que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate a esta empresa.

Moreno menciona los encuentros mantenidos en esas fechas entre altos cargos del Gobierno con el empresario y con el que era consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y señala que “todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos-Calviño (en referencia a Nadia Calviño, entonces ministra de Economía) y Ábalos-Aldama-Hidalgo, acaecidos el 16 de julio de 2020 en el seno del MITMA y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía Air Europa, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea según trasladaba el mismo Ábalos a Hidalgo”.

En cuanto al chalet gaditano, la exposición explica que Aldama "se valió económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, como contraprestación en principio, al intento de obtención del título de operador para Villafuel", lo que quedó comprometida con la salida de Ábalos del ministerio. No obstante, señala que los pagos comenzaron unos años antes de los propios contratos.