El juez Moreno pide al Supremo que impute a Ábalos por los "indicios fundados y serios" de su participación en el caso Koldo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado al Tribunal Supremo el caso Koldo para que pueda imputar al exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, en la organización criminal investigada por presuntamente lucrarse con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. El magistrado ha remitido una exposición razonada con toda la causa ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en la trama de corrupción. De esta forma será la Sala Segunda la que decida si se queda con todo el caso o solo con lo relativo al exministro.

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El magistrado ha contado con el informe a favor de dar este paso de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, después de que se recibiera en el Juzgado Central de Instrucción número 2 el oficio de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta participación del exministro en la red de favores que el considerado conseguidor de la trama Víctor de Aldama logró del principal asesor el exministro, Koldo García.

Anticorrupción defendió ante el juez que elevara una exposición razonada al Supremo, porque "todas las actuaciones realizadas por Koldo García Izaguirre en el ministerio" para que "la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión se desarrollara con éxito, estaba avalada por el ministro, José Luis Ábalos", pero disprepaba de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en lo relativo al rescate de Air Europa. El juez Moreno se queda con el criterio del Instituto Armado y considera que Aldama también se valió de Ábalos para "influir en la concesión final del rescate de Air Europa".

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 atribuye a Ábalos una “imputación clara y concreta” a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El magistrado subraya la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado, ya que solo puede continuarla la Sala Segunda del Supremo. Este miércoles Ábalos no ha acudido al Congreso, aunque sí lo hizo este miércoles y participó en las correspondientes votaciones.

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El juez, que ha enviado testimonio íntegro de las actuaciones para que sea el alto tribunal el que decida si debe asumir toda la investigación o solo lo referido al aforado, atribuye a Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal, porque ocupaba un papel principal en el entramado creado por Aldama para conseguir adjudicaciones de las administraciones públicas.

También uno de tráfico de influencias, respecto al que señala que estaría acreditada su intervención en la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, así como su intervención en la contratación, por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC), a la mujer con la que entonces mantenía una relación.

Asimismo atribuye al exministro cohecho, porque le fue proporcionado el uso y disfrute de una vivienda en localidad gaditana de La Alcaidesa como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de material sanitario y, en concreto, en la gestión del expediente del que se ocupó Puertos del Estado. Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió su pareja en el centro de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021 por 88.101 euros, que abonó Aldama a través de personas y sociedades bajo su control. 

En su exposición razonada, el juez considera que de lo investigado hasta ahora, que se inició con la privilegiada relación de Aldama con Koldo, en relación con la venta de mascarillas, se infiere la “existencia de una organización criminal; de concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos”, así como unos cobros obtenidos por su asesor Koldo García para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros.

Influencia de Ábalos

Como patrón general de comportamiento se comprueba que Aldama pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo 10.000 euros al mes para prevalerse de la influencia de Ábalos y actuar en beneficio de los intereses empresariales del expresidente del Zamora. Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, según el juez, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos. Los más evidentes observados hasta el momento son los relativos el chalet de La Alcaidesa y el piso a su pareja.

Estas contraprestaciones, según el magistrado, tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos, en beneficio propio y de los terceros con los que se relacionaba. Con "esa acción corruptora se permitía asegurarse la consecución de un lucro económico, asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal objeto de investigación", explica la exposición razonada.

Y todo ello durante un tiempo superior al tiempo en que Ábalos estuvo en el ministerio por las 10 personas investigadas en la causa, de manera simultánea a la celebración de los contratos investigados e, incluso, con posterioridad a los mismos, con salvoconductos para que ciudadanos venezolanos se movieran con libertad y Villafuel obtuviera la condición de operadora.

El juez afirma que “tras la salida de los dos referidos del ministerio en julio de 2021, se siguen observando pagos recurrentes a Koldo por parte de Aldama hasta septiembre de 2022. De igual forma, añade, se ha llegado a acreditar mediante las intervenciones telefónicas cómo, incluso, en diciembre de 2023 y enero de 2024, Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Soluciones de Gestión frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban”.

La exposición considera acreditada la vinculación de Ábalos con los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión por el procedimiento de emergencia, y que Aldama era conocedor “de manera anticipada” de esa contratación. Para ello se basa en los correos intervenidos, las declaraciones de los testigos y las intervenciones telefónicas, pero también en la propia auditoría encargada por el actual ministro, Óscar Puente.

Air Europa

En su exposición razonada el juez subraya el papel de Ábalos en el rescate de Air Europa y, en concreto, las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar, según el instructor cómo Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate a esta empresa.

En este punto, Moreno menciona los encuentros mantenidos en esas fechas entre altos cargos del Gobierno con Aldama y Javier Hidalgo y señala que “todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos-Calviño y Ábalos-Aldama-Hidalgo, acaecidos el pasado 16 de julio de 2020 en el seno del MITMA y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía Air Europa, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea según trasladaba el mismo Ábalos a Hidalgo”.

En cuanto al chalet gaditano, la exposición explica que Aldama "se valió económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, como contraprestación en principio, al intento de obtención del título de operador para Villafuel", lo que quedó comprometida con la salida de Ábalos del ministerio. No obstante, señala que los pagos comenzaron unos años antes de los propios contratos.