La causa contra el fiscal general echa a andar: el instructor le pide que designe abogado para defenderse

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dado el primer paso en la instrucción de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, al abrir las correspondientes diligencias previas y requerirle para que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, de tal forma que no pueda sufrir indefensión.

El instructor del procedimiento señala que la otra imputada en el procedimiento, la fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, será representada por la Abogacía del Estado, pero no consta quién representará a García Ortiz, por lo que le señala que designe a las personas que ejercerán su defensa.

En la misma resolución, el magistrado ha dado traslado a las acusaciones populares personadas, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias, el Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de tal forma que actúen bajo una dirección letrada para evitar dilaciones en la tramitación del procedimiento.

El instructor se pronunciará en una resolución independiente de las diligencias que ha pedido practicar el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ejerce acusación particular, puesto que el delito por el que se ha imputado a García Ortiz se refiere a las conversaciones que su abogado mantuvo con el fiscal que le denunció por dos delitos fiscales y uno de falsedad, en busca de una conformidad, que pasaba por aceptar haberlos cometido.

El juez Hurtado también ha rechazado pronunciarse en este auto de la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que solicitó Manos Limpias y lo hará en otra resolución.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió una causa penal contra el fiscal general el pasado 16 de octubre por presunta revelación de secretos en la difusión de información sobre el procedimiento por fraude fiscal seguido contra Alberto González Amador. Con ella se pretende determinar si él o la fiscal Provincial de Madrid revelaron datos que no eran conocidos sobre la oferta de la defensa del empresario González Amador de asumir los delitos fiscales que se imputaban y ello le generó indefensión.

El alto tribunal explicaba que debe analizarse si se produjo tal revelación, es decir, si se puso en conocimiento de un tercero, lo que este no conocía previamente y no estaba legitimado para conocer. La resolución en este punto transcribía primero el contenido de la nota informativo que difundieron, y señalaba que en ella, "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos, pero de la instrucción de la causa practicada por el TSJ y, en concreto, de la declaración del fiscal de Delitos Económicos, que llevaba el asunto, Julián Salto, se desprende que horas antes de la nota de prensa", los correos que cruzó con el letrado del particular "fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial”.

El tribunal consideraba “obvio" que, como González Amador se enfrenta a un proceso judicial, la revelación del correo del día 2 de febrero de 2024, asumiendo o reconociendo su culpabilidad de dos delitos fiscales -pues en el mismo se indica que el letrado defensor actúa de común acuerdo con el mismo- (...), puede tener repercusión en su derecho a la presunción de inocencia".