El Gobierno vuelve a retrasar su ley fiscal por las discrepancias de sus socios sobre el impuesto energético

Nuevo fracaso negociador de Hacienda. El Gobierno se ha visto obligado este jueves a tener que volver a retrasar, hasta el lunes, la votación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley del impuesto mínimo global a las multinacionales, que exige la Unión Europea bajo amenaza de una multa por la tardanza de España en la trasposición de esta directiva.

La causa de este nuevo retraso en la votación ha vuelto a ser la falta de apoyos de los socios parlamentarios a las otras medidas tributarias que Hacienda pretende incorporar en el citado proyecto de ley a través de enmiendas parciales que, entre otras cuestiones, implican dar continuidad al impuesto extraordinario sobre la banca, pero dejar morir el de las energéticas.

El Gobierno frena la ley del impuesto a la banca ante la negativa de ERC y Bildu a dejar caer el impuesto energético

En este momento, todas la opciones parecen abiertas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que va a "seguir negociando" para lograr un acuerdo con sus socios de cara a la Comisión de Hacienda del lunes. En ella vuelve a estar previsto que se someta a votación el proyecto de ley de fiscalidad de las multinacionales y las enmiendas con las que el Gobierno pretende impulsar una mini-reforma fiscal para lograr una recaudación adicional de 4.500 millones de euros (de acuerdo con el Plan Fiscal y Estructural presentado en Bruselas el pasado 15 de octubre).

Este es el 'plan A'. Pero fuentes del Gobierno admiten que, si este no prospera, podrá considerarse un 'plan B' para someter a votación solo y exclusivamente el proyecto de ley original de fiscalidad mínima -informa Juan Ruiz-, y no las enmiendas que guardan relación con los gravámenes a la banca y a las energéticas y con las otras medidas tributarias. Estas podrían ser reubicadas en un nuevo real decreto ley, de entrada en vigor inmediata y posterior tramitación parlamentaria.

Cuatro días de desconcierto y un "caramelo envenenado" del PP

Los últimos días, desde que el lunes se aplazara el debate por primera vez en la Comisión de Hacienda del Congreso, no han sido suficientes para que el PSOE haya logrado poner de acuerdo a los socios a su derecha (Junts y PNV) y a su izquierda (Sumar, Podemos, ERC y Bildu), en torno al futuro de los actuales gravámenes sobre la banca y las energéticas.

Las discrepancias llevan semanas sobre la mesa. A principios de mes, el Ministerio de Hacienda pactó con Junts y el PNV introducir en el proyecto de ley la prórroga del impuesto a la banca y dejar caer el que afecta a las empresas energéticas. El resto de socios criticó duramente ese pacto y, ante la falta de entendimiento, el PSOE ya tuvo que aplazar la Comisión de Hacienda programada para el pasado lunes, al tiempo que anunciaba un acuerdo con Sumar.

También existían discrepancias en torno al propósito del Gobierno de encajar en el proyecto de ley otras enmiendas, para una subida de la fiscalidad del diésel, la aplicación de un IVA del 21% a las viviendas turísticas , endurecer la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), un impuesto sobre bienes de lujo, entre otras medidas pactadas con Sumar.

Así, aunque el proyecto para una fiscalidad mínima global del 15% para las multinacionales y los grupos (que sí suscita un amplio consenso político) debía ser votado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, la falta de un acuerdo suficiente para sacar adelante las enmiendas que pudieran ser aceptadas a la vez por los socios a la derecha y a la izquierda del PSOE amenazaba con tumbar toda la ley y con hacer caer, de paso, el nuevo impuesto a la banca. El Gobierno no ha tenido más remedio que pedir tiempo. Así, pocos minutos antes de que comenzara la Comisión de Hacienda este jueves, el PSOE ha desconvocado la reunión, ante el desconcierto general.

Una hora antes, el inesperado comunicado del PP ofreciendo su apoyo al proyecto de ley de fiscalidad mínima de las multinacionales si el Gobierno renunciaba a tramitar el resto de las subidas de impuestos no había hecho sino añadir más confusión al desconcierto. Fuentes del PP hacían llegar a los medios que estaban en contra "del nuevo intento del nuevo intento del Gobierno a través de la vicepresidenta Montero de colar otra oleada de impuestos en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos, que sufren ya un auténtico infierno fiscal". Y añadían que el PP estaba dispuesto a apoyar solo la subidas de impuestos "que vengan impuestas por el marco comunitario", como es el caso de la transposición de la directiva sobre el mínimo complementario de sociedades pactado en Bruselas.

"Además, respaldamos la eliminación del fraude a hidrocarburos", admitía el PP en referencia a una enmienda presentada por el PSOE para atajar la defraudación del IVA en los carburantes. Lo cierto es que esta enmienda, en particular, goza de un consenso general entre todos los grupos políticos, de la derecha a la izquierda del arco parlamentario.

La sorpresiva disposición del PP a apoyar el proyecto de ley de fiscalidad mínima era vista por algunos socios del Gobierno como "un caramelo envenenado" -en expresión del portavoz del PNV, Aitor Esteban-, capaz de colocar al Ejecutivo ante el dilema de sacar adelante la trasposición de la directiva que exige Bruselas, sí, pero de tener que hacerlo con el PP, y no con sus habituales apoyos parlamentarios.

¿Qué va a pasar el lunes?

"¿Qué puede pasar a partir de ahora con el proyecto de ley de fiscalidad mínima de las multinacionales, con el impuesto a la banca y con el de las energéticas?", es la pregunta que se ha repetido este jueves en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rehusado hacer ningún comentario, más allá de decir: "Seguiremos negociando".

"¿Está dispuesto el Gobierno a que solo se tramite el proyecto de ley original de fiscalidad de las multinacionales, a que se retiren todas las enmiendas que no tienen que ver con ello y a redirigir esas medidas fiscales a otra iniciativa legislativa diferente?", se le ha preguntado también a la vicepresidenta. "No voy a hacer ningún comentario", respondió Montero de forma apresurada ante esta cuestión. Otras fuentes del Gobierno, sin embargo, sí admiten que esta es una opción que puede estar sobre la mesa -tal como lleva días advirtiendo el portavoz del PNV-, si bien el objetivo del Ejecutivo en este momento es "seguir negociando hasta el lunes", informa Juan Ruiz.

De hecho, la solución que parecía perfilarse a lo largo de este jueves es que, finalmente, la ley solo contenga el impuesto mínimo global , ya que proviene de una directiva europea, y la eliminación del fraude a hidrocarburos. PP, ERC y el PNV compartían esta propuesta, según distintas fuentes parlamentarias. No obstante, el PSOE ha preferido por alargar las negociaciones y buscar otra solución.