BEGOÑA GÓMEZ
La Fiscalía critica la "pobre" argumentación del juez que investiga a Begoña Gómez y su "alto grado de autocomplacencia"
El fiscal acusa al magistrado Juan Carlos Peinado de justificar con datos “inocuos” los supuestos "sólidos indicios" para ordenar el registro de la empresa de Juan Carlos Barrabés
El fiscal José Manuel San Baldomero mantiene un duro enfrentamiento dialéctico con el juez que investiga el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, a quien en un escrito de 27 de septiembre llegó a criticar la "pobre" argumentación en el auto en el que ordenaba el registro de la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue recomendado en concursos públicos por la mujer del presidente del Gobierno.
"¿Cómo puede argumentar la adjudicación de contratos como elemento indiciario, cuando aún, a pesar del análisis exhaustivo realizado, no se han advertido irregularidades por la UCO?", se pregunta el fiscal, que en el escrito se adhería al recurso de apelación que había interpuesto el abogado del Barrabés, y en el que impugna que Peinado asegure que ha detectado "de manera clara la concurrencia de elementos de los delitos objeto de investigación", que en ese momento eran tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a los que añadió los de apropiación indebida e intrusismo.
"¿Clara? ¿Elementos objetivos? Nos parece pobre este intento de argumentación y con alto grado de autocomplacencia. Más allá de la aseveración y de introducir los calificativos que pretenden ser rotundos, la realidad es que no se motiva absolutamente nada", prosigue el recurso de José Manuel San Baldomero.
"Expresiones alarmantes"
El fiscal considera, además, que Juan Carlos Peinado se valió de “expresiones alarmantes, agravadas y autosuficientes a lo largo del auto, que pretenden justificar la resolución; pero ello no impide ver lo evidente, que no es otra cosa que la ausencia de argumentación real que ligue los hechos indiciarios, la calificación jurídica en cuestión, y la finalidad y expectativas perseguidas con la medida acordada".
"Cómo se pueden invocar los informes de la UCO como elemento incriminatorio? ¿Por qué no indica someramente a qué se refiere? Lo ignoramos. ¿Cómo puede señalarse al respecto de estos informes que "...se infiere que pueden haber sido llevados a cabo, comportamientos, contemplados por el legislador penal, como merecedores de reproche? Parece que el instructor se ha reservado para sí mismo cuál ha sido el juicio de inferencia realizado; y merecedores de reproche parece dejar abierto el abanico a todos los tipos penales del Código", dice después el fiscal.
Tampoco San Baldomero comprende cómo Peinado puede acudir "a este tipo de criterios para justificar una medida como la adoptada", que afecta a los derechos fundamentales de Barrabés, cuando todavía hay recursos sin resolver sobre su imputación, "ni de cómo puede adoptarse sin una sola mención concreta y fundamentada al delito de corrupción en los negocios". Este delito, prosigue el fiscal, no ha sido investigado "con mínima seriedad", por lo que se ha convertido "en la muleta que acompaña al delito de tráfico de influencias".
Apoya a Barrabés
De esta forma, el representante del Ministerio Fiscal muestra su conformidad con las alegaciones y "atinadas" apreciaciones realizadas por Barrabés en relación a los requisitos que se debe seguir para ordenar un registro: "Ni existen indicios ni se detallan en modo alguno; no se realiza y exterioriza una argumentación en relación a la proporcionalidad de la medida; y tampoco respecto a la necesidad e idoneidad de la medida en cuestión", zanja San Baldomero.
Finalmente, como ha hecho en otras ocasiones, el Ministerio Público lamenta "el patente retraso" en la tramitación de sus escritos, "al igual que otros recursos de defensas y Ministerio Público, que penden de resolución desde hace dos o tres meses), y que contrastan con la celeridad en la adopción y ejecución de otras diligencias gravosas para los investigados y lesivas para sus derechos".
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