Antes de final de año
El Gobierno logra aprobar el paquete fiscal tras prometer que renegociará el impuesto a las energéticas con todos sus socios
Podemos asegura tener por escrito el compromiso del Ejecutivo de que Junts y PNV se sentarán para debatir el gravamen energético
La norma incluye el impuesto mínimo global a las multinacionales y prorroga el que afecta a la banca, endurecido en su tramo más alto
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 20 de noviembre de 2024, en Madrid (España) / Europa Press
El Gobierno admite que la tarea ha sido difícil, que ha costado, pero al final ha logrado el respaldo de todos sus socios para aprobar la ley del impuesto mínimo global a las multinacionales, exigida por la Unión Europea, y que incluye una serie de medidas fiscales, como la prórroga del impuesto a la banca. Para conseguirlo, el Ejecutivo se ha comprometido con Podemos -el último partido en entrar en el acuerdo- a que todos los aliados, PNV y Junts incluidos, se sentarán a la mesa en las próximas semanas para negociar un impuesto a las empresas energéticas de carácter permanente antes de que termine el año. De lo contrario, se extenderá el actual gravamen a 2025 a través de un real decreto.
Tras casi dos semanas de negociaciones, con un votaciones de madrugada incluida, el Congreso ha dado el visto bueno a la norma que establece una fiscalidad mínima global del 15% para las multinacionales, algo que la Unión Europea venía reclamando bajo amenazas de multa por la tardanza. La norma incluye, finalmente, un pequeño paquete de medidas fiscales impulsadas por el Ministerio de Hacienda y, sobre todo, la prórroga del actual impuesto a la banca, aunque endurecido en su tramo más alto.
Todos los socios han estado de acuerdo en aumentar el tramo más alto de este gravamen a las entidades bancarias, elevándolo a un 7% para márgenes de intereses y comisiones de más de 5.000 millones. Además, toda la recaudación se dirigirá a las Comunidades Autónomas. A esto se suma la subida de dos puntos de las rentas del capital superiores a los 300.000 euros, gravar los vapeadores o la bonificación íntegra de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los clubes deportivos en la contratación de entrenadores o monitores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llegado al Congreso con la negociación ya cerrada, ha aplaudido este "esfuerzo negociador" y ha reivindicado que la norma permitirá "fortalecer" los servicios públicos.
Un entendimiento complejo
Si el acuerdo ha tardado tanto en llegar ha sido por las discrepancias de los socios en torno al gravamen a las empresas energéticas. Hace semanas, Hacienda pactó con PNV y Junts prorrogar el que afecta a la banca y dejar caer el energético. Algo que no gustó a las formaciones de izquierdas. El pasado lunes, tras aplazar en dos ocasiones la comisión de Hacienda y un receso que acabó cerca de la media noche, el Gobierno acordó con ERC, EH Bildu y BNG impulsar un real decreto para prorrogar el gravamen durante 2025.
Gracias a este entendimiento, el Gobierno logró sacar adelanta la norma en la Comisión de Hacienda. Pero ya de madrugada, y a los minutos de la votación, el Ministerio de Hacienda aclaró que, en cumplimiento de su pacto con los posconvergentes, se excluirá a las empresas comprometidas con la descarbonización. Una fórmula para excluir a Repsol, que amenazó con congelar dos inversiones millonarias en Tarragona si el impuesto a las energéticas salía adelante.
La líder de los morados, Ione Belarra, tildó ese entendimiento de "papel mojado". Sin embargo, este jueves, Podemos ha cerrado un acuerdo en el que se recoge el compromiso del PSOE de impulsar una norma para prorrogar el impuesto a las energéticas, foco de todas las discrepancias entre los socios del Gobierno, y que se creará un foro con todas las formaciones para "conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto". Además, han aceptado lo pactado con Junts, que el futuro impuesto no grave "las inversiones que se comprometan con la descarbonización", pese a su rechazo inicial.
Una ley o un real decreto
En los pasillos de la Cámara Baja, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que en esta comisión negociadora estarán PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. No obstante, fuentes del PNV aseguran que "nadie ha hablado" con ellos sobre este asunto. Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha restado importancia al pacto y ha dicho que lo analizarán "cuando lleguen, si es que llegan".
Aun así, fuentes de Podemos explican que tienen el compromiso por escrito del Gobierno de que Junts y el PNV se sentarán a negociar este impuesto con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que termine el año. En caso contrario, Podemos ha pactado con el Ejecutivo que apruebe un real decreto que prorrogue durante 2025 en impuesto energético, pero en este escenario los posconvergentes siguen siendo claves y podrán tumbar la iniciativa en el Congreso. Fuentes de EH Bildu han aplaudido el acuerdo, aunque señalan que ellos ya tenían el compromiso de que se aprobase un real decreto.
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