Sánchez anunciará un decreto para ampliar el escudo social por la Dana y descargará responsabilidades en Mazón

El Gobierno ultima un nuevo decreto para ampliar el escudo social por la DANA en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves. El objetivo pasa por dotar de más recursos económicos las medidas puestas en marcha y que estas lleguen a autónomos y pymes afectados, pero que se quedaron fuera del paquete de medidas por no vivir o tener su domicilio fiscal en las zonas afectadas. Casos como los de los transportistas o repartidores. Asimismo, Sumar ha estado negociando en el seno de la coalición para tratar que se fijen por ley los permisos retribuidos de cinco días ante situaciones de emergencia, como la vivida en Valencia, o que los convenios colectivos recojan de forma obligatoria los protocolos para las emergencias climáticas.

Pedro Sánchez aprovechará su comparecencia este miércoles en el Congreso, sus primeras explicaciones en la Cámara Baja casi un mes después de la catástrofe, para dar cuenta de las nuevas medidas que se incluirán en el decreto. Lo hará ya desde la perspectiva de que para el Gobierno y sus socios parlamentarios ha llegado ya la fase de depurar responsabilidades políticas por la gestión de la DANA y revisar los protocolos de actuación ante este tipo de catástrofes.

El PSOE registrará una comisión sobre la gestión de la DANA "más amplia" que la impulsada por sus socios

Algo por lo se espera poca contención a la hora de descargar responsabilidades en el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. De hecho, el grupo socialista registrará “en los próximos días” una petición en el Congreso para crear una comisión investigación. Su objetivo es que no se circunscriba solo a Valencia, como pretende Compromís y otros socios parlamentarios en una petición de investigación registrada esta mañana, sino a otras zonas afectadas por la gota fría para comparar protocolos y contrastar cómo se actuó en cada caso. La comisión de investigación en el Congreso será la contraparte a la ya anunciada por el propio Mazón en Les Corts.

La orden hasta ahora en Moncloa a los ministros pasaba por la contención en el choque directo con el PP hasta la comparecencia este miércoles del presidente del Gobierno. A partir de ella, la intención es recrudecer la confrontación y activar toda la maquinaria para cercar al presidente del Generalitat, Carlos Mazón, a quien ya han pedido su dimisión. Todo ello, al margen de las vías judiciales que se abran.

Las comparecencias de los ministros que han dado explicaciones hasta ahora en el Congreso trataron de precisar con datos cuál era el reparto de competencias para contraponer las actuaciones de los organismos dependientes del Gobierno central con las decisiones que se tomaron desde la Generalitat. Un anticipo antes de pasar al contraataque para que se sustancien responsabilidades políticas en el Congreso.

La doble comparecencia de Teresa Ribera la pasada semana en el Congreso y el Senado ya se centró en ofrecer un torrente de datos sobre la información proporcionada por los organismos dependientes del Gobierno para descargar responsabilidades sobre la Generalitat por una respuesta tardía. A modo de conclusión, desde el plano más político y siempre con un registro alejado de la confrontación, concluyó que quien falló fue quien no le hizo caso a las informaciones sobre los reiterados avisos, tanto de la Aemet como de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y hasta de las llamadas telefónicas desde su gabinete.

Dos primeros paquetes

Se encargó también de responder a las acusaciones del PP sobre la falta de información, sobre todo de la Confederación Hidrográfica. “Nunca hubo apagón informativo”, aseguró tras relatar que entre las 16:26 y las 20:12 horas del día de la catástrofe la CHJ emitió nueve mensajes advirtiendo de elevados registros de precipitación en la rambla del Poyo. Cuatro de ellos se referirían a los elevados registros de precipitación en Chiva, la cabecera de la rambla. “Los sistemas de alerta temprana salvan vidas”, concluyó para añadir que en paralelo se atendieron múltiples llamadas de ayuntamientos, instituciones y particulares.

El presidente del Gobierno ya avanzó la pasada semana en una reunión con patronal y sindicatos que el Gobierno aprobaría más ayudas para los afectados por la DANA. Los dos paquetes de medidas aprobados en Consejo de Ministros hasta ahora suman un total de 14.300 millones de euros. Entre las medidas destacan las conocidas como "escudo laboral", que incluye permisos retribuidos del 100% del salario a trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar como consecuencia de las inundaciones, la prohibición de despedir o el 'plan Mecuida' para adaptar o reducir la jornada de los empleados en hasta el 100% para el cuidado de menores y otros familiares, incluidas las personas trabajadoras empleadas del hogar.