La jueza cita a declarar al hermano de Sánchez como investigado por tráfico de influencias, prevaricación y malversación

La jueza Beatriz Biedma ha citado el próximo 9 de enero en calidad de investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, para que declare en la causa que se instruye contra él por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su responsabilidad en el programa Opera Joven y por su designación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

 Según el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, "en el presente momento procesal, y una vez practicadas las diligencias de investigación tendentes a determinar la procedencia de la continuación de la presente instrucción", el músico debe ser citado como imputado "a los efectos de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse (...), aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión".

También se cita en calidad de investigados al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, además de a otras siete personas, todos ellos con distintas responsabilidades dentro de esta institución.

La decisión de la jueza Biedma se produce tras recibir un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el análisis de los correos electrónicos incautados en la sede de la Diputación el pasado verano. La jueza explica en su auto que del análisis del informe deriva "la existencia de indicios racionales de criminalidad" relativos a los delitos contra la administración pública investigados.

No obstante, y en cuanto al presunto incremento patrimonial de David Sánchez señalado por las acusaciones populares, la jueza señala en su auto que "no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros". No obstante, pide al BBVA el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial a nombre del investigado, en noviembre de 2017, noviembre 2019, diciembre 2021, noviembre 2022 y junio 2023.

Un puesto de trabajo cuestionado

En un auto de 24 de septiembre, en el que justificaba la intervención de los diferentes correos electrónicos, la jueza ya apuntaba a que la creación del puesto para el hermano de Pedro Sánchez “no obedeció a necesidades imprescindibles solicitadas por los conservatorios, sino que la idea surgió en sentido inverso a lo que ocurre normalmente”. Así, explica que fueron los directores de los conservatorios los “requeridos para determinar qué concretas funciones podrían ser objeto de dicho puesto de trabajo”.

En la propuesta de necesidades de personal del área de Cultura de 5 de octubre de 2016, explica la jueza, “no se hizo mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios”. Incluso el presidente de la Diputación llegó a manifestar que la propuesta de personal era “excesiva”. Sin embargo, “seis días más tarde, un técnico asesor de recursos humanos, siguiendo instrucciones de su directora”, solicitó a la directora del área de Cultura la elaboración de una memoria justificativa para la creación de un puesto de alta dirección, como coordinador de los dos Conservatorios Provinciales. Esta petición se hizo “de manera urgente e imponiendo un plazo de dos días para su elaboración”, destaca el auto.

La jueza también explicaba que todas las personas a las que se intervino el correo electrónico habrían participado en el procedimiento de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y en la definición de las funciones y cometidos que debería tener el citado puesto de trabajo.

Los citados como investigados junto con Sánchez y Gallardo son Elisa Mariano Morales, Cristina Núñez Fernández, Juana Cintas Calderón Zazo, Manuel Candalija Valle, Félix González Márquez, Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz, todos ellos responsables de diversos departamentos de la Diputación de Badajoz. Todos ellos han sido citados entre los días 9 y 10 de enero de 2025.

En su resolución, la jueza también incluye un calendario de testigos, que son el director del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' de Badajoz hasta el año 2020, Evaristo Valentí; a la actual directora de este centro, Rosario Mayoral, y a la directora del Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez' de Badajoz, Yolanda Sánchez. Todos ellos deben comparecer un día antes que David Sánchez y Gallardo, el próximo 8 de enero.

Además, y como testigos-peritos, y con la finalidad de "ratificar y aclarar determinados extremos" del informe presentado por la Agencia Tributaria, se ha llamado a los responsables de su realización de "forma conjunta", que son la Inspectora Regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada Especial de la AEAT de Extremadura , Clara Isabel Santos Diéguez.

En dicho informe se estimaba fiscalmente compatible la residencia en Portugal del músico con su puesto de alto cargo en la Diputación de Badajoz. En una comunicación posterior, la propia Santos comunicó a la instructora del caso que dicha conclusión no era fruto de una investigación formal sobre la posible comisión de delitos fiscales por parte del músico y se limitó a una simple consulta en las bases de datos de la Agencia Tributaria. La citación de estos peritos también se ha fijado para el 8 de enero.

Nuevas diligencias

En auto prosigue con su impulso a la investigación solicitando nuevas diligencias. Así, y con respecto a la "modificación de puestos de trabajo y la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz", la jueza pide que se le aporte "a la mayor brevedad posible" el reglamento Regulador del procedimiento para la aprobación, revisión y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 30-7-2003, al que se refiere en su documentación la Institución Provincial.

Según esta norma, la modificación de la denominación del puesto 'Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música' a 'Jefe de la Oficina de Artes Escénica' estaría "eximida del trámite de negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo", señala la jueza en su auto.

También pide las fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de Puestos de Trabajo de la Diputación que hayan tenido lugar en los últimos cuatro años, así como el "proyecto de coordinación" exigido en las "Bases para la provisión del Puesto de Trabajo de Coordinador/a Actividades Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en Régimen Laboral de Alta Dirección" de cada uno de los 11 aspirantes admitidos, y los organigramas de la Delegación de Cultura, Juventud y Bienestar Social de 2016 a 2024.

El correo de Gallardo

Por su parte, la UCO informó el pasado 27 de septiembre a la jueza de que la empresa que gestiona ahora los correos electrónicos corporativos del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, uno de los cuales utiliza el alcalde y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, ha informado de que al efectuar una búsqueda en la información que poseen en sus servidores “la cual incluye aquella que se migró y se sincronizó al hacerse cargo del servicio, se han encontrado varios correos electrónicos vinculados a la cuenta corporativa señalada, dentro del periodo temporal interesado”. Y por eso, explican los agentes en su oficio, se ha reiterado a los responsables de la sociedad “que procedan a salvaguardar los datos referidos hasta que la autoridad judicial decrete lo que corresponda”.