El Gobierno aprueba "permisos climáticos" en el decreto de la dana y dará a los trabajadores cuatro días por catástrofes naturales

El tercer paquete de ayudas por la dana del Gobierno incluirá importantes medidas en materia laboral, entre ellas la creación de 'permisos climáticos', por los que el trabajador podrá ausentarse hasta cuatro días sin dejar de percibir su salario en caso de imposibilidad de acudir a su centro de trabajo por razones meteorológicas o catástrofes naturales. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha impulsado la inclusión de la medida en el decreto que saldrá del Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, que modificará el Estatuto de los Trabajadores para dar a este permiso carácter permanente.

En las últimas horas, tal como avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, las dos alas del Gobierno han negociado las medidas a incluir en el paquete de ayudas, con Sumar presionando por crear permisos para situaciones de emergencia dentro del nuevo escudo social. En su comparecencia en el Congreso de este miércoles, Pedro Sánchez confirmaba algunas de las propuestas que se aprobarán hoy, como ayudas directas de hasta 10.000 euros para comprar coches nuevos en sustitución de los siniestrados, la ampliación de los beneficiarios de las ayudas por fallecimiento y por daños en la vivienda de un familiar fallecido. El presidente también lanzó varios anuncios en materia laboral, como la consideración de accidentes de trabajo hasta el 31 de aquellas incapacidades temporales o pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, causados por la DANA.

Sin embargo, los permisos remunerados para catástrofes naturales no se cerraron hasta última hora del día, convirtiéndose en el principal caballo de batalla entre Sumar y el PSOE y la medida que más costó desbloquear. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno se puso al frente de la negociación este jueves para lograr su inclusión y durante el Pleno del Congreso este miércoles por la mañana ya se le pudo ver conversando con, entre otros, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el marco de una negociación que llevaba días en marcha y que no se cerró hasta poco antes de las ocho de la tarde, ante las resistencias que generó en el ala socialista del Gobierno la inclusión de este nuevo permiso remunerado.

Permiso permanente

El real decreto dotará a las medidas laborales carácter permanente mediante distintas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 37.3, donde se regulan los permisos remunerados, se incluirá un nuevo epígrafe para crear el llamado 'permiso climático' de hasta cuatro días ante la "imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo", tanto en caso de que existan "recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades" como cuando exista "una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".

Transcurridos los cuatro días iniciales, la empresa podrá solicitar un ERTE por fuerza mayor, por el que el trabajador percibe una prestación correspondiente al 70% de su base imponible . Si el empleado afectado puede hacer sus labores a distancia, la empresa podrá establecerlo, en lugar de las medidas planteadas.

Participación de los trabajadores

No es la única reforma laboral que incluye el decreto, que permite a los trabajadores negociar las medidas que deban adoptarse en situaciones excepcionales como la ocurrida en la Comunidad Valenciana y, en último caso, a acordar la interrupción de la actividad. Un modelo similar al de Canadá, que pivota en tres derechos laborales: a conocer las condiciones de seguridad, a participar en las medidas y a negarse a trabajar, en caso de apreciarse algún riesgo.

El texto que prevé aprobar el Gobierno pone en pie estas tres máximas, estableciendo que por ley que los representantes legales de los trabajadores -comité de empresa o delegados de personal- tendrán derecho a "ser informados" de las medidas de actuación previstas por la empresa en caso de activación de alertas por catástrofe u otros fenómenos naturales, "a efectos de la adopción de las respectivas medidas y decisiones", y haciendo mención expresa a los "derechos de información, consulta y participación previstos en la ley de prevención de riesgos laborales", una norma que también establece "el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave".

Este margen de maniobra que da a los trabajadores viene reforzado con otra reforma de la legislación laboral, que obliga a que los convenios colectivos incluyan protocolos de actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, con medidas de prevención específicas para estas circunstancias. Unos protocolos que deberán ser fruto de la "negociación colectiva" entre empresa y trabajadores, según establece el Ejecutivo.

El decreto, además, establece que en el plazo de doce meses, el Gobierno aprobará un nuevo reglamento sobre la protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral; una nueva norma que deberá diseñar el Ministerio de Trabajo de Díaz y que podría incluir más medidas en materia de protección laboral ante el riesgo de catástrofe.

Decretos previos

El nuevo decreto supondrá ayudas por un total de casi 2.300 millones, que se suman a los 14.300 millones de euros ya movilizados en lo dos decretos anteriores, para reforzar el escudo social, laboral y económico contra los efectos de las inundaciones. Entre las ayudas incluidas en los dos decretos ley aprobados hasta ahora se incluyen ayudas directas por fallecimiento y para la reconstrucción de la vivienda y reposición de enseres, o la puesta en marcha de unos ERTEs de fuerza mayor.

Algunas de las medidas ya aprobadas se mejoran en el nuevo texto, como la mejora de las condiciones de las bajas causadas por la DANA (considerándolas de forma excepcional accidentes de trabajo), algo que se prorroga hasta finales de año, o el establecimiento de prestaciones reforzadas por cese de actividad de autónomos, algo que el nuevo paquete extiende a todos aquellos que se encuentran acogidos a la denominada “tarifa plana” de cotización.

En paquetes anteriores también se aprobaron ayudas directas para empresas y autónomos, un plan para la agricultura, la eliminación temporal del pago del IBI y las tasas de tráfico, la suspensión del pago de hipotecas, los créditos y las facturas de suministros, un incremento extraordinario del Ingreso Mínimo Vital, el Complemento de Ayuda para la Infancia, y las pensiones no contributivas entre otras medidas.