El PP rebaja la reunión para el pacto migratorio: "Vamos por respeto. El Gobierno conoce nuestras condiciones"

Gobierno y PP vuelven a la mesa de negociación dos meses después de la ruptura que proclamaron los conservadores -justo en los primeros días de octubre- por entender que el Ejecutivo “renunciaba a la ayuda ofrecida por la Unión Europea” para hacer frente al desafío migratorio. Implicar a las instituciones comunitarias, dejando claro que Canarias es la frontera sur de todo el continente y no un asunto nacional, es una de las principales condiciones para los conservadores casi desde el inicio. Ya desde hace meses Alberto Núñez Feijóo ha trabajado en esa línea con sus socios del PP europeo. Y también lo plasmó en el acuerdo firmado con el presidente de las islas, Fernando Clavijo.

Ese documento es la base con la que irá el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, a la reunión que mantiene este jueves a la una de la tarde con el ministro Ángel Víctor Torres y con Clavijo en Madrid. Pero las expectativas que marcan los populares son bajas y se fueron desinflando durante la jornada de ayer: “Nos sentamos por respeto al Gobierno de Canarias”, reconocían fuentes populares, apuntando al fracaso.

El PP ya ha avanzado, además, que no habrá imagen del encuentro como en otras ocasiones. Los conservadores quieren marcar distancia con el ministro, al que Víctor de Aldama -supuesto cabecilla de la trama Koldo- trata de implicar en el caso. Torres lo ha negado.

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El PP insiste en que es el Ejecutivo el que debe aceptar sus condiciones y que la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería -que el Congreso tumbó- y que el ministro lleva desde verano tratando de llevar a cabo, “debe formar parte un de un paquete mucho más amplio”, dicen en Génova, “que lleve a un giro total de la política migratoria del Gobierno”. De hecho, ese artículo debería ser, según el PP, “el último elemento del camino”. 

La reforma lo que pretende es fijar unos criterios por ley para agilizar el reparto de menores migrantes no acompañados a las comunidades que no estén tan colapsadas. Los puntos calientes son Canarias y Ceuta, pero también Andalucía. Y los presidentes de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares han manifestado una “incapacidad total” para seguir acogiendo. Todos ellos llevaron el asunto migratorio a la reunión que mantuvieron bilateralmente con Pedro Sánchez en Moncloa. Y como publicó este diario, el PP siempre tuvo claro que forzaría incluirlo en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebra la semana próxima en Santander.

Los populares se quejan de que el Gobierno pretende “imponer” los criterios de ese reparto y no cuenta con las comunidades y las especificidades de los territorios. Por ese motivo, Tellado puso números encima de la mesa en su último encuentro con Torres y con el presidente canario. Y en el papel pactado con Feijóo figuraba que el Gobierno debía asumir el compromiso de hacerse cargo de la financiación para atender a los niños y adolescentes extranjeros cuando se supere el 100% de la capacidad de una CCAA, y la gestión directa -además de la financiación- cuando esa capacidad supere el 150%. 

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Entre las exigencias relacionadas con la actuación de la Comisión Europea, el PP pide que Frontex se despliegue en la isla de El Hierro y que otros países de la UE sean receptores también de los menores migrantes que lleguen a Canarias. Había más condiciones. 

Al órdago de Vox: “Tendrán que apoyar”

El partido de Santiago Abascal entró en escena este miércoles en vísperas de este encuentro entre Gobierno y PP anunciando que suspendían las negociaciones presupuestarias en las comunidades donde los conservadores dependen de ellos. La ultraderecha salió de los cinco ejecutivos regionales que compartía con el PP, pero sus votos siguen siendo necesarios para aprobar las cuentas públicas y otras iniciativas. 

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La inmigración es la principal bandera de los de Abascal, que comparten esa agenda restrictiva y contraria a abrir las fronteras, con unos socios europeos que cada vez son más fuertes en Europa. El órdago, eso sí, fue respondido por el PP. “No cederemos ante chantajes”, dijo Feijóo.

Y en Génova también advertían que era un órdago “de poca duración” si, como todo parece indicar, no hay acuerdo con el Gobierno. De no haberlo -en el PP creen que no lo habrá “porque eso implicaría que el Ejecutivo acepta nuestras condiciones”- habrá una exigencia pública e inmediata para que Vox apoye los Presupuestos en las autonomías.

“Han salido a decir que si había pacto no apoyaban. Y si no lo hay entendemos que se produce el respaldo automático”, decían con ironía en el PP, anticipando cuál será el próximo movimiento.