La jueza se reafirma en que hay indicios que justifican interrogar al hermano de Sánchez: "Se descarta una investigación prospectiva"

La jueza Beatriz Biedma, que investiga al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por varios delitos de corrupción relacionados con la obtención y ejercicio de su puesto de alto directivo en la Diputación de Badajoz, ha desestimado el recurso en el que la Fiscalía solicitaba dejar sin efecto la citación del músico y del presidente de la institución, Miguel Gallardo, al entender que el auto en el que formalizaba la imputación de ambos no detallaba los "comportamientos con trascendencia penal" que lo justificaran.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 considera, muy al contario, que tanto en la instrucción realizada hasta el momento como en el auto que dictó con el calendario de declaraciones que se desarrollarán entre los próximos 8 y 10 de enero "se han ido determinando detalladamente los hechos investigados y la supuesta participación de los investigados en los mismos". Agrega que ninguna de ellas había sido recurrida antes por el representante del Ministerio Público, y que hasta el momento todas sus decisiones han sido confirmadas por la Audiencia Provincial "que expresamente ha descartado la existencia de una investigación prospectiva".

En su nueva resolución la jueza se remite también al auto del pasado 30 de junio en el que se admitió a trámite la querella de Manos Limpias, en la que también "se hace referencia a los hechos investigados". Al hermano del presidente del Gobierno se le investiga por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su responsabilidad en el programa Opera Joven y por su cargo como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, un puesto que después recibió una denominación diferente por parte de la Diputación.

Por su parte, el abogado de David Sánchez ha solicitado a la jueza posponer las declaraciones previstas el próximo 10 de enero de otros miembros de la Diputación para la jornada posterior al interrogatorio del músico y de Gallardo, por coincidirle con la continuación de un juicio señalado previamente.

Tiene que declarar "sea quien sea"

La jueza recuerda en su resolución que llamar a alguien a declarar en calidad de investigado "no quiere decir que esa persona haya cometido un delito, ni siquiera que vaya a ser acusado por ello". En todo caso, defiende que toda persona, "sea quien sea y se dedique a lo que se dedique, a la que se le atribuya la comisión de un hecho que pueda tener relevancia penal, es citada a declarar como investigado". Por ello considera que es "absolutamente extraordinario" que la Fiscalía haya recurrido las citaciones.

Agrega que además, en el propio acto de la declaración de Sánchez se le permitirá dar su versión de los hechos, "sin perjuicio de su derecho a no declarar que le asiste, comienza poniendo en su conocimiento los hechos investigados y su presunta participación en los mismos". La juez Biedma se reafirma así en la necesidad de llevar a cabo las citaciones, al subrayar que "el objeto de la instrucción es mutable y no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados" como cometidos, por ello, no es la fase donde puede exigirse la fijación del objeto del proceso penal.

Indicios

Como principales indicios, la jueza citar el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado mes de septiembre que, tras el análisis de los correos electrónicos intervenidos tanto a Sánchez como a Gallardo y otros responsables de la Diputación, afirma que “ con ocasión de la elaboración de los presupuestos de la Diputación Provincial de Badajoz para el año 2017, en el seno del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, se fueron elaborando, por los diferentes responsables de la citada Área, una serie de necesidades que implicarían la aprobación del correspondiente presupuesto, entre ellas, necesidades de personal". La cuestión es que no se hizo entonces mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios existentes en Badajoz.

"Incluso, por parte del Presidente, se habría mostrado el parecer de que la propuesta de personal es excesiva", recuerda la jueza, para añadir que, sin embargo, solo unos días más tarde y por parte de un Técnico Asesor de Recursos Humanos se solicitó a la Directora del Área de Cultura, la elaboración de una memoria justificativa para la creación de un puesto de alta dirección, como coordinador de los dos conservatorios provinciales, petición que se hizo de manera urgente imponiendo un plazo de dos días para su elaboración. A ello se suma que el Director del Conservatorio Superior de Música manifestó que, teniendo en cuanta las necesidades del Conservatorio, pese a que el puesto de coordinador era de agradecer, existían "otras necesidades imprescindibles".

Es decir, la jueza recuerda que en sus resoluciones no solo se detallan los hechos que se investigan, "sino que se determina expresamente el cargo ocupado por cada uno de los investigados y su concreta participación en el procedimiento de creación" tanto del puesto como coordinador de de los conservatorios como su denominación posterior.

Por ello concluye que "ninguna indefensión" se ha causado a los investigados, "pues los mismos han tenido y tienen puntual conocimiento de todo lo instruido, pudiendo acceder al procedimiento en su totalidad, incluidos los correos electrónicos analizados, al haberse alzado el secreto" de las actuaciones "las cuales han sido notificadas de forma personal a cada uno de los afectados por las mismas y con la antelación suficiente para preparar su defensa".