Defensa prevé desclasificar los documentos del CNI sobre el atentado en Barcelona antes de final de año

El ministerio de Defensa llevará al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en 2017 en cuanto se realice la solicitud por parte del Congreso. Fuentes del departamento que dirige Margarita Robles insisten en su voluntad de cumplir con esta petición de Junts. “Tenemos total disposición”, aseguran, pero al mismo tiempo argumentan que hasta el momento no se ha producido una petición formal.

La comisión del Congreso que investiga “el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas” de estos atentados, creada como fruto del acuerdo de investidura del PSOE con Junts, se reunirá el próximo 17 de diciembre. Además de las comparecencias del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y la jefa de la Policía Científica en la explosión de Alcanar, Rocío Rubio, en el orden del día se ha incluido la ordenación de los trabajos en la comisión de investigación. Si se eleva la petición de los documentos del CNI, desde el Gobierno explican que podría procederse a la desclasificación en el último Consejo de Ministros del año, fijado para el 23 de diciembre.

El Gobierno reunirá en enero a las comunidades para negociar la quita de la deuda autonómica

Los independentistas siempre exigieron investigar las informaciones sobre que el imán de Ripoll habría sido confidente de los servicios de inteligencia hasta el día de los atentados y esclarecer estos hechos. Los socialistas no estaban al frente del Gobierno cuando sucedieron los atentados, pero recuerdan que el anterior director del CNI, Félix Sanz Roldán, ya dio explicaciones en la comisión de Secretos Oficiales y dio todas las explicaciones pertinentes.

En el Gobierno asumen que Junts exige garantías de cumplimientos pendientes para abordar la carpeta de los Presupuestos. Después del órdago de Carles Puigdemont exigiendo a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, se tratan de acelerar negociaciones para cumplir compromisos como la transferencia de las competencias en inmigración o el uso del catalán en las instituciones europeas. Sobre esto último, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, envió esta semana una carta a su homólogo polaco, Radosław Sikorski, para que durante la presidencia de turno de Polonia del Consejo Europeo, a partir de enero, se siga impulsando al catalán, gallego y euskera como lenguas cooficiales de la Unión Europea (UE).

En la misiva, Albares pide que se siga impulsando la propuesta de España para reformar el reglamento que fija el régimen lingüístico de la Unión Europea para que su artículo 1 pase a incluir el catalán, el gallego y el euskera entre las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión Europea. Argumenta el jefe de la diplomacia española que el objetivo es acercar la UE a los ciudadanos y lograr una mayor identificación de los mismos con las instituciones europeas con el reconocimiento de la diversidad lingüística europea.

El jefe del Ejecutivo también se comprometió durante la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado viernes en Santander, a reunir en el mes de enero a las comunidades autónomas para negociar la quita parcial de la deuda. Un acuerdo alcanzado durante la investidura con los independentistas y que se pretende extender a otras comunidades que lo soliciten.

Respecto a las negociaciones para el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat, desde el Ejecutivo trasladan que han avanzado en “grueso” de esta cesión, pero señalan que tienen “líneas rojas” en lo concerniente al control de fronteras y que Junts las conocería. Con todo, sí se abren a que los Mossos tengan más presencia, junto a la Policía y la Guardia Civil, en la seguridad de puertos y aeropuertos. Algo que, recuerdan las mismas fuentes conocedoras de las negociaciones, ya se abordó en el pacto de investidura. Esta sería la principal oferta para lograr un acuerdo para la transferencia de estas competencias.

Confianza en reconducir relaciones

El Gobierno ya pactó con el PNV el pasado mes de julio, en desarrollo de su acuerdo de investidura, “la extensión del ejercicio de todas las funciones policiales de la Ertzaintza a los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca”. En este caso, la Junta de Seguridad, en la que participó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acordó que la policía autonómica vasca asumiese “como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida”.

Sobre el órdago de Junts, al exigir una cuestión de confianza, Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo al considerar que no hay mayoría alternativa. Tanto que, en conversación informal con periodistas en Moncloa esta semana, tildó este escenario como de "política ficción. Cualquier acercamiento entre PP y Junts, según advirtió, iría en detrimento de los intereses de los posconvergentes en Cataluña. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo considera que un entendimiento entre Junts y el PP erosionaría el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, pues le abriría frentes internos en el partido con sus barones, principalmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.