Fraude en hidrocarburos

Detenidos un socio de Aldama y la empresaria que dijo llevar dinero en efectivo a Ferraz

Carmen Pano afirmó haber actuado por orden del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, mientras que su hija, también detenida, participó en la adquisición del chalé de La Alcaidesa

Un agente de Policía aguarda en la entrada de la sede del Partido Socialista (PSOE) en la calle Ferraz.

Un agente de Policía aguarda en la entrada de la sede del Partido Socialista (PSOE) en la calle Ferraz. / Diego Radames

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a Luis Alberto Escolano, uno de los socios de Víctor de Aldama, al que los investigadores consideran testaferro del comisionista, y a la empresaria Carmen Pano, que admitió en una entrevista a El Español  "haber entregado 90.000 euros" en efectivo "en la sede del PSOE, en octubre de 2020, por instrucciones directas de Víctor de Aldama". En la misma operación, enmarcada en la causa abierta por un presunto fraude de hidrocarburos que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, también ha sido arrestada la hija de la empresaria, Leonor González Pano, según confirmaron las fuentes consultadas por este diario.

González Pano es quien según la Guardia Civil pagó una parte del chalé en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, del que disfrutó José Luis Ábalos, hecho que el propio Víctor de Aldama ratificó en sede judicial en su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno, con la que consiguió salir de prisión, en la que se encontraba por el fraude de los hidrocarburos. Según el cuerpo policial, Escolano fue el encargado de pagar el alquiler del piso en el que vivía en la Torre Madrid, en la madrileña plaza de España, la novia del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Se da la circunstancia de que el arresto de ambas mujeres se enmarca en las actuaciones iniciadas el pasado 7 de octubre contra la presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo dos años, más de 182 millones de euros. Según los investigadores, el entramado desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal, y cuya estructura modificaban "con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude".

También contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas con el delito. Es en estas actuaciones, donde este lunes también se están realizando diligencias de entrada y registro en los domicilios de los detenidos, en las provincias de Madrid, Sevilla, Toledo y Zaragoza, en concreto en Calatayud, donde reside Escolano.

El testimonio de las dos mujeres había sido solicitado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por las acusaciones personadas, pero el juez Ismael Moreno decidió ordenar a la UCO que realizara las diligencias oportunas para comprobar la veracidad de las manifestaciones realizadas por Carmen Pano al medio de comunicación.

Según había informado la Fiscalía Anticorrupción al magistrado, lo dicho por Pano sobre que había llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz, en nombre de Aldama, aunque ignoraba quién lo había recogido, se contradice con informes realizados por los investigadores en la causa. Por eso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ordenó a la UCO que analizara los dispositivos intervenidos en el procedimiento para determinar la verosimilitud de las palabras de la empresaria.

Por su parte, la acusación que ejerce el PSOE en el caso Koldo defendió su personación en el procedimiento con el argumento de que de ser ciertas sus palabras, en lo que no confiaban, se estaría inculpando de un delito de cohecho, que obligaría a que prestara declaración como imputada, no como testigo, como solicitaban el resto de organizaciones y partidos que ejercen la acción popular en la causa. Con su arresto, ya no hay duda alguna de que de hacerlo en el caso Koldo también será como investigada para poder garantizar su derecho de defensa.

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