La Mesa del Congreso aplaza la decisión sobre la cuestión de confianza que Puigdemont reclama a Sánchez

Carles Puigdemont activó hace una semana un plan para forzar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, aunque esta fuera encubierta y sin impacto jurídico alguno, mediante una proposición no de ley que insta al presidente del Gobierno a dar ese paso. Ante las dudas que ha suscitado esta maniobra del expresident de la Generalitat, PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, han decidido aplazar la decisión sobre si tramitarla o no, con la intención de hacer un análisis más profundo del informe emitido por los letrados de la Cámara. 

"El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza", reza el escrito que registró Junts y que, aunque carece de valor jurídico alguno, ha generado muchas dudas en los letrados del Congreso. Tanto es así que los dos partidos del Gobierno han preferido darse más tiempo para valorar la cuestión antes de aceptarla a trámite o vetarla. Sobre todo, porque los letrados avisaron de que esta decisión sentará cátedra de cara al futuro.

Fuentes de la presidencia del Congreso explican que el informe de los letrados, de 14 páginas, debe ser estudiado en profundidad, que no hay "elementos jurídicos suficientes" y justifican que el aplazamiento de la decisión no tiene "consecuencias directas" para la tramitación de la iniciativa, ya que de ser aceptada no se debatiría en el pleno hasta bien entrado febrero, cuando Junts tenga cupo. "No hay premura", reiteran las mismas fuentes. Por lo pronto, está previsto que la siguiente reunión de la Mesa sea ya a comienzos de enero.

El informe de los letrados

PSOE y Sumar han tomado esta decisión con un informe de los letrados bajo el brazo que abría la puerta a debatir la proposición no de ley, aunque señalaba que debido a la falta de precedentes era la Mesa quien debía tomar la decisión final. En concreto, sostienen que la proposición no de ley de Junts puede entenderse como una iniciativa para forzar un pronunciamiento de la Cámara Baja que "no tiene carácter vinculante" o, por el contrario, como una medida para poner "en cuestión la relación de confianza existente entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno", para lo que ya existe la moción de censura. En el primer caso, proponen admitirla a trámite; en el segundo, vetarla.

A este debate se suma que, según el informe, no hay precedente alguno sobre el que la Mesa pueda basar su decisión. Por lo que los letrados concluyen que "corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro". Es decir, que aceptarla significaría dar vía libre a otras propuestas similares. Y viceversa.