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La ministra de Hacienda María Jesús Montero, conversa con Adriana Lastra y la ministra de Economía Nadia Calviño, en el hemicíclo del Congreso. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)
El Gobierno pierde sus apoyos y no consigue salvar el techo de gasto
La senda fiscal impulsada por Pedro Sánchez se encontró con el rechazo de PP y Cs y un aluvión de abstenciones lideradas por Unidos Podemos, ERC y PDeCAT. Esta decisión deja en el aire los 310 millones extra que iba a reducir Andalucía, aunque las comunidades más afectadas serán Madrid y Cataluña
El Congreso tumbó hoy la senda fiscal que acompañaba al techo de gasto de 2019 con un aluvión de abstenciones liderado por Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT, aunque el Gobierno insistió en que sigue adelante con los Presupuestos de 2019 que tendrá que ajustar unos déficit más restrictivos.
El Pleno del Congreso rechazó hoy por 173 votos, 86 abstenciones y 88 votos a favor los nuevos objetivos de déficit y deuda pública que flexibilizaban para 2019 el margen de gasto de las administraciones públicas en cinco décimas, lo que suponía cerca de 6.000 millones. El Ejecutivo sólo tuvo el apoyo del PNV y vio como la mayoría de partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias) se abstuvieron.
Los partidos independentistas y nacionalistas criticaron un margen insuficiente para las comunidades autónomas y reclamaron al Gobierno que presente una nueva senda fiscal, tal como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dice que los objetivos han de aprobarse cada año por el Congreso y el Senado y que de no lograr ese aval hay que presentar otros en el plazo de un mes.
En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que se ceñirá a la legislación y llevará «al Parlamento las veces que haga falta la senda» de déficit, aunque advirtió de que será el mismo rechazado porque no tiene sentido que la Unión Europea flexibilice unas metas para que el Gobierno «le quite recursos a los ciudadanos» y tampoco va a presentar una senda que exceda el margen que le han concedido sus socios europeos. Montero insistió en que Hacienda sigue adelante con los Presupuestos de 2019 que tendrán que aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de septiembre.
Sin embargo los objetivos de déficit que se utilizan en estos momentos para la confección de las cuentas son los pactados por el Ejecutivo Rajoy, más restrictivos que los planteados por el Gobierno actual, ya que son los únicos que actualmente están aprobados en las Cortes.
En cuanto al techo de gasto, situado en 125.064 millones de euros para 2019 y que aunque no se vota acompaña los objetivos de estabilidad, Montero defendió que no se verá muy afectados si finalmente hay que utilizar la senda restrictiva, ya que la administración central solo se beneficiaba en una décima de PIB de una eventual flexibilización, es decir, unos 1.200 millones de euros que pueden compensarse con otros ingresos. En cualquier caso, en el plazo de un mes Hacienda tendrá que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar de la senda de déficit que posteriormente aprobará el Consejo de Ministros, que será idéntica a la debatida hoy, para llevarla de nuevo al Congreso.
Fuentes parlamentarias socialistas señalaron a Efe que aunque la futura propuesta de déficit público para el conjunto de las administraciones siga mostrando una relajación de cinco décimas para el 2019, la distribución de estas décimas por administraciones puede variar, con el fin de dar más margen a las comunidades autónomas y conseguir más apoyos parlamentarios.
La senda propuesta por el Gobierno preveía una meta de déficit del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, cuando la anterior era del 2,2%, el 0,3% y superávit, respectivamente. La propuesta del Gobierno preveía que los 6.000 millones de euros de mayor margen se distribuyeran en una décima para el Estado (cerca de 1.200 millones), dos décimas para las comunidades autónomas (unos 2.500 millones) y otras dos para la Seguridad Social (otros 2.500 millones de euros).
Por lo tanto, las comunidades autónomas perderán los 2.312 millones de euros que suponía la nueva senda de estabilidad presupuestaria, con Cataluña, Madrid y Andalucía como las autonomías más perjudicadas en términos absolutos. Con el objetivo de déficit en el 0,3% y no en el 0,1%, Cataluña tendrá que ajustar 446 millones adicionales; Madrid, 439 millones, y Andalucía, 310 millones, correspondientes a las dos décimas adicionales sobre su Producto Interior Bruto. Del mismo modo, la Comunidad Valenciana se tendrá que apretar el cinturón en otros 217 millones; el País Vasco, en 143 millones, y Galicia, en 121. La Rioja, con 16 millones, Cantabria, con 26, y Extremadura, con 37 millones, son las autonomías que menor ajuste fiscal tienen que hacer en términos absolutos.
Ante esta situación, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, afirmó que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, «debería explicar por qué Andalucía no va a recibir esos 350 millones de euros» que iba a recibir si se aprobaba el techo de gasto. Asimismo, criticó «la actitud de los de la nueva política» y calificó de «cobardía» la abstención de Podemos. A su juicio, «el PP ha cometido una nueva traición a Andalucía y a España». En este sentido, añadió que «hay que ver la entrada que ha tenido el señor Casado, porque el primer acto que ha tenido político es darle la espalda a España y a Andalucía en este caso». «Si ese va a ser el camino que el PP va a emprender, realmente tiene que ser reconvenido y castigado por los españoles. Permitir la flexibilidad y que ellos se pongan en contra es augurar un camino de enfrentamiento y confrontación que precisamente no es bueno», añadió.