El PP ve ahora «dificultades» para que se pruebe que Puigdemont cometió terrorismo

A la espera de saber cómo queda el texto final para una nueva votación en el pleno del Congreso, en la dirección nacional del PP dan por hecho que la ley de amnistía saldrá adelante. En el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo están convencidos de que PSOE y Junts llegarán a un acuerdo, aunque todo sigue pendiente de las dos grandes exigencias de Carles Puigdemont: que todo lo relativo al terrorismo entre en el perdón y que también se incluya la alta traición ahora que el Parlamento Europeo pide que se investiguen las relaciones del independentismo con el Kremlin.

La arista de la trama rusa en el ‘procés’ y el interés que se está viendo en los últimos días en Bruselas ha desplazado el debate sobre si hubo o no terrorismo que tanto tiempo llevaba tensionando la política nacional. El auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, del pasado mes de noviembre abrió un camino que ha puesto muy nervioso al ‘expresident’. La discusión jurídica se hizo más que evidente en la junta de fiscales del Tribunal Supremo de esta semana. Y el PP lleva tiempo insistiendo en que hubo “terror” en muchos momentos de las protestas y disturbios en Barcelona contra la sentencia del TS.

Sin embargo, y a pesar de la ofensiva desplegada al respecto, fuentes próximas a Feijóo reconocen ahora que ven “dificultades” para que se pueda probar realmente que Puigdemont cometió delitos de terrorismo.

Muchos dirigentes destacados del PP han afirmado que hubo terrorismo. Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho en intervenciones públicas, mítines y entrevistas. Y el propio Feijóo declaró durante la última manifestación del partido en la Plaza de España de Madrid hace un par de semanas: «Qué insulto decirle a los policías que no sufrieron violencia y actos terroristas» en el ‘procés’. Fue la vez en la que más contundente se mostró al respecto.

Días después y, sobre todo, desde que Pedro Sánchez afirmó en Bruselas que “habrá amnistía para todos los independentistas porque no son terroristas”, los conservadores están evitando decir si en su opinión se puede hablar o no de terrorismo. Acusan al presidente del Gobierno de “erigirse en juez” y exigen que deje a los instructores hacer su trabajo.

También acusan al Ejecutivo de intentar influir en la Fiscalía del Tribunal Supremo después de que la junta de fiscales diera un revés al encargado del primer informe, el fiscal Álvaro Redondo, que dijo no ver indicios de terrorismo suficientes como para imputar a Puigdemont. Doce de esos fiscales, frente a tres, sí aprecian terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic, y 11 de ellos (frente a 4) consideran además que bastan como para imputar al ‘expresident’ catalán por ese delito. Ahora será la número dos del fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, la que fije el criterio.

La situación se ha visto enrevesada pero el PP también ha cambiado su estrategia: de afirmar que hubo terrorismo a evitar pronunciarse para distinguirse así del Gobierno. Y, sobre todo, ahora, en la cúpula nacional, afirman que ven complicado que se demuestre que Puigdemont dirigió actos terroristas. “No soy juez. No me atrevo a calificar los delitos de terrorismo”, llegó a afirmar Feijóo en un mitin en la localidad de Sarria (Lugo).

Los populares también se revuelven contra las recientes acusaciones de Puigdemont en una carta que escribió como respuesta a que el Parlamento Europeo pida investigar sus lazos con Rusia. Esa resolución europea, recuerdan en el PP, salió adelante con el apoyo del Partido Socialista. En el entorno de Feijóo se preguntan con ironía “si es culpa del PP que un juez de Barcelona investigue algo que el propio Gobierno de España apoya investigar en Europa”. Lo hacen en alusión al juez Joaquín Aguirre.

Y esa reflexión ahonda en la creencia que tienen en Génova sobre que el Ejecutivo “ha engañado” a Puigdemont prometiéndole algo que no podría tener: la seguridad de un blindaje absoluto cuando son los jueces los que deben aplicar la ley de amnistía. De hecho, el PP también analizó esa petición de Junts el pasado verano durante 24 horas para concluir que era inconstitucional, contraria a derecho europeo y que no se podía hacer.

El eurodiputado, que huyó de España para evitar ser juzgado, aseguraba en su carta que todo el procedimiento actual sobre terrorismo y lo que tiene que ver con Rusia no estaría ocurriendo si su partido hubiera hecho presidente a Feijóo en vez de a Sánchez. Fuentes conservadoras tildan de “broma” la insistencia de Puigdemont sobre que su partido sea capaz de dirigir las investigaciones en curso. Y lo comparan con las recientes noticias sobre la Operación Cataluña: “Es una broma también. ¿Qué novedades hay de eso? Que las pongan a disposición de los jueces, ironizan.