Para que el Puerto de Sevilla drague en 2015 sólo 85 centímetros de profundidad en vez del medio y medio previsto en los puntos conflictivos del tramo navegable del Guadalquivir, requerirá una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Eso es lo que defienden Feragua, Asaja Andalucía y la Federación de Arroceros porque, según fuentes consultadas, así se lo expuso la propia ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en su última visita a Estepa, el pasado día 14 para la inauguración de la campaña oleícola.
En una conversación con representantes del sector, Tejerina les trasladó que para dragar por fases se tendría que emitir una nueva DIA, puesto que el plan de obras cambia. Así lo explican fuentes consultadas de la asociación agraria Asaja. Sin embargo, la presidenta del Puerto, Carmen Castreño, en ningún momento ha planteado esta posibilidad, que retrasaría en gran medida el proyecto y echaría por tierra los plazos marcados por el Puerto para no perder los fondos europeos, que obligan a terminar la obra antes del 31 de diciembre de 2015.
De hecho, su objetivo es licitar y adjudicar la obra en los seis primeros meses del próximo año y realizar los trabajos en los seis siguientes. Eso sí, antes de final de año la Consejería de Medio Ambiente tendría que aprobar el nuevo proyecto de recuperación y protección de las márgenes de Doñana, que será sometido también a debate en el Consejo de Participación del parque.
Tramitar una nueva DIA sería empezar de nuevo una tramitación que arrancó en 2003. Pero las advertencias de las organizaciones agrícolas no se quedan ahí. Los regantes aplauden que la Autoridad Portuaria se felicite, tras la última sentencia de la Audiencia Nacional, por que la DIA «está vigente», pero le invitan «a cumplir sus requerimientos». Para la Autoridad Portuaria, en cambio, el único requisito que falta por cumplir es el proyecto de protección de las márgenes.
Y, además, los agricultores subrayan que el presupuesto que maneja el Puerto de Sevilla es «completamente insuficiente para hacer frente a las exigencias medioambientales de la DIA». Mientras que Castreño defendió el pasado jueves que está garantizada toda la financiación, los 45 millones que dice que costará el proyecto de dragado complejo.
Sin embargo, los regantes, por ejemplo, echan en falta presupuesto para las posibles indemnizaciones o para sufragar la pérdida de cosechas si se da el aumento de la salinidad que auguran. «El presupuesto para las medidas correctoras de la presa de Melonares era incluso mayor que para la obra de la presa en sí», recuerdan.
Para los agricultores, no se ha producido «avance alguno», por lo que sostienen que la Autoridad Portuaria sólo se ha dedicado «a vender humo», «y ni siquiera ha presentado aún el proyecto de defensa de márgenes».
En cuanto a la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima un recurso de WWF Adena contra la validez de la DIA, los agricultores consideran que, «lejos de allanar el camino al dragado», la vigencia de la DIA, es la mejor garantía contra un dragado «insostenible y sin la adecuada protección al medio ambiente y a la actividad agrícola que se desarrolla en el estuario». La DIA, aseguran en un comunicado, es el mejor blindaje para que este proyecto sólo pueda realizarse dando cumplimiento estricto a todas las recomendaciones ambientales planteadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
De acuerdo con esa DIA, la ejecución del dragado del río exigiría según los agricultores dar una respuesta previa a la defensa de todas las márgenes del estuario como medida correctora al efecto de deslizamiento de laderas y, posteriormente, del oleaje producido por los barcos de mayores dimensiones.
Igualmente, creen que para poder dragar hay que solucionar antes los problemas de salinidad que se podrían generar en el estuario, con el consiguiente aumento de la demanda de agua en una cuenca estructuralmente deficitaria. «Todos los estudios científicos confirman y avalan esta necesidad, sobre la que el anterior ministro Arias Cañete fue muy explícito: no voy a pasar a la historia por ser el ministro que consiente la salinización del estuario», recuerdan. En definitiva, exigen ya la modernización del regadío, algo que el Puerto apoya, pero que ni lo ve de su competencia ni cree que tenga que hacerse antes de dragar.
