La sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho a objetar de Educación para la Ciudadanía (EpC) siguió el jueves provocando reacciones a favor y en contra. Mientras, tras saberse que el vídeo con las declaraciones de la ministra de Educación que el Gobierno colgó tras el fallo fue grabado dos días antes, el PP pidió una investigación para comprobar si el Ministerio conocía la sentencia antes de hacerse pública, lo que niega el Gobierno.
Aunque los niños afectados por el fallo deberán volver a cursarla cuando se les notifique la sentencia, lo que según fuentes del Supremo podría tardar un mes, el cardenal Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, advirtió de que en la educación "no se debe imponer" porque aunque los niños asistan a clase "cuando los alumnos no miran con simpatía una asignatura es muy difícil que la digieran".
Desde la Junta de Andalucía, una de las impulsoras del recurso al Supremo contra las sentencias del TSJA que avalaron la objeción, la consejera de Educación, Teresa Jiménez, alertó de que "mientras no haya otro pronunciamiento en contra" -algunos padres han anunciado que irán al Constitucional-, los alumnos "tienen que entrar a las clases y cursar la asignatura" y anunció que se establecerán medidas para que recuperen los conocimientos que no han recibido estos meses y aprueben.
Jiménez apeló a la "responsabilidad" del PP para que "abandonen esta polémica". Sin embargo, el presidente popular Javier Arenas, denunció que Chaves pretende "adoctrinar a los niños en su credo político". Recalcó que en los fundamentos de derecho del fallo pueden existir aspectos que le lleven a corregir su reacción, cuando habló de una "gran derrota política e ideológica" para el PP, "que ha estado amparando el conservadurismo más ultramontano e integrista".
