La jueza Mercedes Alaya a su llegada a los Juzgados de Sevilla.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que pide a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, que aclare el auto en el que reclamaba información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la petición a la juez se hace porque la Fiscalía considera que el auto contiene peticiones muy sucintas y también para que concrete por qué y para qué finalidad solicita a la Junta de Andalucía la información sobre las empresas públicas.
Una vez que reciba las aclaraciones de la instructora, la Fiscalía decidirá si recurre o no el auto hecho público el pasado 26 de diciembre, que ya ha recurrido la Junta de Andalucía.
En su recurso, la Junta ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que revoque el auto al entender que pueden dar lugar a una "causa general" y supone un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos.
En concreto, el recurso esgrime como argumentos que la información solicitada forma parte de una causa que está siendo investigada en estos momentos en el Juzgado número 16 de Sevilla, y que la competencia para conocer este caso sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El gabinete jurídico del Gobierno autonómico entiende, además, que no existe "fundamento alguno" para extender la investigación a otras empresas o entidades de la Junta.
En este sentido, la Junta afirma que la propia argumentación razonada enviada por el juzgado de Alaya al Supremo se dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y las ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo".
Por ello, el gabinete jurídico considera que el auto supone "una investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general, prohibida por la ley, y con grave riesgo de que la Junta vea frustrada sus legítimas aspiraciones como parte perjudicada por la dilación del procedimiento y por la posibilidad de prescripción de los delitos".
La juez pidió el pasado 23 de diciembre a través de un auto a la Consejería de Hacienda y a la Intervención General andaluza toda la información relativo a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas relativos a 2005, 2006 y 2007.
Alaya requirió los informes adicionales "con su correspondiente notificación" que se hubiesen realizado en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa o cualquier otra empresa pública.
Con ello pretende determinar, según el auto, el "paralelismo entre lo acontecido" entre la Agencia Idea "con lo ocurrido en estas otras empresas públicas".
