El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, a cuya puesta en marcha se comprometió el Gobierno tras el caso Mari Luz, cuyo presunto asesino estaba en libertad pese a tener una condena por abusos.
El nuevo registro, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como parte del proceso de modernización del sistema de registros administrativos, ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición y sobre la peligrosidad del imputado. Su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, según el Gobierno, que ha señalado que una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.
El real decreto aprobado ayer regula el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, que estará integrado por las bases de datos de los registros de Penados, Víctimas de la Violencia Doméstica, Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Al de medidas cautelares tendrán acceso los órganos judiciales, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil, que dispondrán de más elementos de juicio a la hora de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal. Los jueces, en especial, podrán valorar la existencia de riesgo de fuga en las resoluciones en las que decidan sobre la prisión o libertad provisional del imputado.
El padre de la pequeña de Huelva Mari Luz, Juan José Cortés, dijo ayer que el sistema puesto en marcha es "la primera piedra del nuevo sistema" judicial. Cortés dijo que se ha hecho frente a una "necesidad urgente" de la Justicia.
