En los juzgados de Primera Instancia se acumulan miles de asuntos pendientes y de sentencias sin cumplir. / Foto: El Correo
El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha solicitado la creación de 30 nuevos juzgados y de un segundo Registro Civil ante la "excesiva" carga de trabajo existente en determinadas jurisdicciones, todo ello al tiempo que ha criticado que el número de funcionarios de refuerzo destinados a los juzgados que instruyen 'macrocausas' es "claramente insuficiente", lo que contribuye a su juicio a que los asuntos se "dilaten en el tiempo".
En este sentido, y en su memoria correspondiente a 2014, Guerrero realiza un estudio pormenorizado por jurisdicciones en el que analiza el movimiento de asuntos durante el pasado año y, en función de esa variable, las necesidades de los juzgados sevillanos, para lo que tiene en cuenta el Modelo de la Medición de la Carga de Trabajo de Juzgados y Tribunales aprobado en septiembre de 2013 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el estudio sobre la situación de los órganos judiciales elaborado por la Sección de Organización y Gestión con fecha 31 de diciembre de 2010.
El juez decano considera que el "problema" de los órganos judiciales unipersonales es la carga de trabajo "excesiva" que presentan, la cual se sitúa "muy por encima" del módulo de entrada de asuntos fijado por el CGPJ, señalando que, "con carácter paliativo, se han solicitado refuerzos, pues la situación de crisis económica no va a llevar a la creación de nuevos órganos judiciales", punto en el que se ha referido a los diez jueces de adscripción territorial (JAT) que llegarán a Sevilla a lo largo del próximo mes de marzo.
"Llevamos diez años en los que prácticamente no se han creado juzgados", pero en este tema "falta planificación", ha resaltado Francisco Guerrero, quien opina que por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia "se ha hecho un esfuerzo importante para resolver esta situación", pero dicho esfuerzo "no viene acompañado de un número suficiente de funcionarios de refuerzo".
LOS JUZGADOS NO ESTAN PREPARADOS PARA ASUMIR 'MACROCAUSAS' En este sentido, y centrándose en los juzgados de Instrucción, el juez decano ha aseverado que "la situación de los delitos que derivan en 'macrocausas' está distorsionando el número de juzgados de Instrucción de Sevilla, porque no estamos preparados para la asunción de causas de esta naturaleza", ya que "no tenemos el apoyo de la Administración prestacional --en alusión a la Junta-- en número de funcionarios de refuerzo". "Se ha solicitado de manera insistente y permanente que estos juzgados con 'macrocausas' estén suficientemente dotados en plantilla, y esto no ha sido así", ha subrayado Francisco Guerrero, para quien el número de funcionarios de refuerzo destinado a estos juzgados "es claramente insuficiente". "Si hubiera suficientes funcionarios de refuerzo, los asuntos no se dilatarían en el tiempo", ha puesto de manifiesto el juez decano.
Guerrero ha explicado que los 20 juzgados de Instrucción de Sevilla conocieron en 2014 de 164.065 diligencias previas y de 24.637 juicios de faltas, lo que supone una variación respecto del módulo establecido por el CGPJ del 12 por ciento --respecto del número total de asuntos de entrada, aproximadamente situados en unos 8.085 como máximo--, algo que a su juicio "revela la necesidad de creación de al menos dos juzgados" dado además "el aumento de las 'macrocausas'".
LOS JUZGADOS DE LO PENAL SEÑALAN JUICIOS PARA DENTRO DE UN AÑO En este sentido, el juez decano reclama también un nuevo juzgado de guardia para el enjuiciamiento inmediato de faltas, dado que, "pese a la celebración por cada uno de los juzgados que prestan ese servicio de 30 juicios diarios, los señalamientos están diferidos a más de cinco meses", algo que "supone una abierta contradicción con lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
En relación a los 15 juzgados de lo Penal, estos conocieron en 2014 de más de 620 asuntos penales para su enjuiciamiento, lo que "supera el módulo de entrada fijado por el CGPJ en un 58 por ciento", por lo que reclama la creación de seis nuevos juzgados y que, en todo caso, se refuercen con dos JAT "para aminorar la pendencia". Guerrero opina que "no es de recibo que el juzgado que está mejor esté señalando juicios para dentro de un año y el peor para dentro de dos años como mínimo".
El juez decano también pide diez nuevos juzgados de Primera Instancia y que, en todo caso, se refuercen para este año con dos JAT, ya que en 2014 se superó en un 132 por ciento el módulo de entrada de asuntos, y dos nuevos juzgados de Familia, así como otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo y seis nuevos juzgados de lo Social, jurisdicción donde "son precisas medidas urgentes de refuerzo dados los derechos que se postulan", añadiendo que algunos de estos juzgados están señalando ya para principios del año 2019, mientras que la media de los señalamientos es para 2018.
Sobre los juzgados de lo Mercantil, destaca Guerrero que en 2014 entraron en ellos 5.608 asuntos, lo que "indica una desmesurada tendencia al alza como en años anteriores, producto de la crisis económica que vive España", de los cuales 304 son procedimientos concursales y 1.409 incidentes concursales, a lo que "se añade el extraordinario aumento de las demandas por cláusulas abusivas, 2.000 respecto al año anterior".
"MERO LAVADO DE CARA" "Esta situación determina la necesaria creación y de forma inmediata de dos juzgados y el mantenimiento de las medidas de refuerzo consistentes en dos magistrados en comisión de servicio con revelación de funciones, así como los secretarios respectivos y funcionarios, si bien debería incrementarse el número de funcionarios y añadir otros dos magistrados, preferentemente JAT, para la celebración de los juicios y dictado de sentencias", considera el juez decano.
Respecto a la Ciudad de la Justicia, y como quiera que este proyecto "no tiene siquiera fecha de inicio", Guerrero opina que "deberían acometerse obras de reforma" del edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, edificio que "resulta manifiestamente inadecuado para la prestación del servicio público".
