El sindicato de profesores Ustea, responsable de la denuncia que ha anulado el plan de incentivos de 7.000 euros al profesorado andaluz, va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ejecute la sentencia. La Consejería de Educación, como parte afectada, ya ha anunciado su interés por que el llamado Plan de Calidad siga adelante y concluya el próximo curso, como estaba previsto. El consejero Francisco Álvarez de la Chica aseguró ayer que se incluirán "las correcciones necesarias para hacer posible la vinculación de la función del docente con los rendimientos escolares" y reiteró que su departamento recurrirá el fallo al Supremo.
Pero hasta que éste resuelva si los incentivos contravienen la Ley de Educación Andaluza (LEA) -como dice la sentencia- el sindicato denunciante Ustea pedirá al alto tribunal andaluz que haga efectiva la anulación del plan, lo que significa que los incentivos dejarán de cobrarse el próximo año y que la hoja de ruta prevista para el curso que viene será interrumpida de forma cautelar. Si esto se cumple, la consejería se vería doblemente golpeada: primero porque el Plan de Calidad quedaría en un limbo legal hasta que el Supremo decidiera, lo cual podría tardar hasta un año, y durante ese tiempo Educación no podría aprobar ninguna medida ni instrucción relacionada con dicho plan. Y segundo, porque el último año de implantación debía empezar en septiembre. Después de cuatro años, la recién creada Agencia de Evaluación Educativa tenía encomendada la tarea de examinar los objetivos cumplidos del programa y proponer una reforma integral del mismo. La modificación de la orden que lo regula ya estaba prevista desde antes de que se conociera el fallo del TSJA.
Si los magistrados ordenan paralizar la orden de incentivos, la Agencia quedaría de brazos cruzados y el programa no podría ser examinado ni modificado en tiempo y forma para que entre en vigor en el curso siguiente, como tenía pensado la consejería. Además, el cuarto y último año del Plan de Calidad, que en teoría debía recoger todos los progresos educativos acumulados en los tres años anteriores por los colegios que se adhirieron a él, no tendría validez. De este último curso dependía la partida más cuantiosa de los incentivos de 7.000 euros (3.400 euros por profesor).
Forma y fondo. La decisión de ejecutar o no la sentencia, que se sabrá antes de que arranque el curso, depende de la Sala Tercera del TSJA, que ha tumbado algunos de los pilares de la política educativa de la Junta, como Educación para la Ciudadanía, el modelo de escuela no segregada o los criterios de escolarización. Álvarez de la Chica insistió ayer en que el fallo del TSJA se basa en "cuestiones de forma, y no de fondo". Repitió que la sentencia será recurrida y que hasta que el fallo sea firme, el programa seguirá aplicándose como hasta ahora.El Plan de Calidad vincula los incentivos económicos con objetivos muy ambiciosos (éxito escolar, convivencia, trabajo cooperativo del profesorado...) que, en realidad, son los objetivos generales del sistema educativo (están recogidos en la LOE y en la LEA).
Los magistrados consideran que esa relación entre incentivos y objetivos que aparece en el Plan de Calidad no se recoge ni se desprende de lo que viene en la ley. Además también considera que el Plan de Centro de cada colegio depende del claustro y no del profesorado.
