Fue el 14 de abril, en el aniversario de la República, cuando el histórico alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, hizo unas controvertidas declaraciones sobre el Rey y su familia en la que, entre otros descalificativos, le llamaba "crápula" o "corrupto". Dijo que podía demostrarlo en los tribunales y tendrá que hacerlo. Habrá juicio.
Ayer, a través de un auto, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó la apertura de juicio oral contra el alcalde de la localidad gaditana por injurias graves al Rey. Le dio un plazo de 24 horas al regidor de IU para que satisfaga una fianza de 12.000 euros que cubra las responsabilidades civiles que puedan derivarse del procedimiento.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 traslada la causa al juez central de Lo Penal, José María Vázquez Honrubia, para la celebración del juicio, en el que la Fiscalía solicitará que el regidor sea condenado a pagar una multa de 10.800 euros. Grande-Marlaska también da diez días a la representación legal de Barroso para que formule escrito de conformidad o disconformidad con la acusación de la Fiscalía y recuerda que, de no hacerlo, el procedimiento judicial seguirá su curso.
En su resolución también señala que contra este auto cabe recurso de reforma ante el propio juzgado en el plazo de tres días y, si no fuera estimado, de queja ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Grande-Marlaska ya expuso en otro auto del pasado 27 de octubre su valoración de los hechos. Señaló que el alcalde de Puerto Real "trascendió el ejercicio de la libertad de expresión" e incurrió en una "desproporción" al "conjugar la crítica a la institución monárquica dentro del debate político". A su entender, Barroso "violentó el límite de intangibilidad inherente a la dignidad de la Monarquía, de la persona que encarna, así como de los fundamentos del orden político y de la paz social".
El abogado del alcalde, Enrique de Santiago, solicitó el archivo de la causa y advirtió que, si el caso llegase a juicio, aportaría declaraciones de "historiadores y documentos para demostrar" que las palabras de su cliente "tienen base histórica acreditada".
Lejos de temer las consecuencias de estos hechos, el alcalde de Puerto Real vio en su día un filón político en este asunto: "Esto va a abrir el debate republicano". Dirigentes de IU le apoyan en esta causa.
