Pero, ¿qué se creía el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández? ¿Pensaba, tal vez, que manteniendo un perfil bajo en cuanto a proyección pública de este organismo iba a quedar libre de las críticas de la oposición? A lo mejor, lo que sucedía es que confiaba en que iba a tener a su lado, desde el primer minuto, a todos los estamentos de la ciudad, una especie de consenso básico, como ocurre en otros sitios, para funcionar con tranquilidad, alejado el puerto de las disputas políticas más sectarias.

Si ha sido así, habrá que convenir que hemos asistido a un ejercicio de candidez total por parte de Fernández, lo cual extrañaría notablemente, sobre todo, si tiene en cuenta que estamos ante un personaje lo suficientemente experimentado como para considerar que ha podido ser víctima de un súbito ataque de ingenuidad.

Y la verdad es que no están los tiempos para eso. Si no se ha dado cuenta todavía otros se han encargado de demostrar que la institución que preside es tan susceptible de utilizarse en el debate político como cualquier otra. Y lo que es peor, parece que alguien ha dado la orden para que se convierta en un blanco preferido de una dura ofensiva, tal y como se ha comprobado en los últimos días.

Los empresarios y los populares.

Primero fueron los empresarios quienes dirigieron un furibundo ataque. Ya entonces, en este mismo espacio, mostramos nuestra extrañeza por tan espectacular salida de tono procedente de un sector que le ha sacado el máximo provecho posible al recinto portuario implicándose, además, en su desarrollo, por ejemplo, con la puesta en marcha de exitosas áreas logísticas que se han convertido en una de sus principales ventajas al ofrecer una excelente oportunidad de negocio.

Sin embargo, algo tuvo que pasar porque decidieron, al final, tirarse al barro tratando de desacreditar de forma muy radical su funcionamiento para lo que emplearon para ello, incluso, malas artes. Utilizaron datos no apropiados como hicieron al comparar las cifras de superpuertos como el de Algeciras, Valencia o Barcelona que, de ningún modo, pueden compararse con el de Sevilla dada sus evidentes limitaciones por su carácter fluvial. Igualmente, se encargaron de expresar su rabia por el hecho de que determinados servicios del puerto fueran adjudicados a una empresa foránea.

Transparencia informativa.

Sería conveniente, para saber a qué atenernos, que el discreto e invisible Fernández se preocupara de arrojar luz sobre este episodio dando a conocer qué empresarios concretos se han podido ver perjudicados por esa adjudicación que parece estar en el origen de todas las cosas. En cuanto a lo del PP, el "seguidismo" que han demostrado es de libro. La única aportación que han hecho es ese singular reportaje fotográfico mostrando algunas deficiencias de instalaciones que ya se iban a remozar.

Parecen desconocer en cualquier caso el daño que puedan hacerle a una institución que pertenece al patrimonio de todos los sevillanos, un puerto, en fin, que saben, perfectamente, está poniendo las bases para afrontar el futuro con tranquilidad. En cuando al propio Fernández, más le valdría que este episodio le sirva para cambiar su política informativa y de interrelación del puerto con la sociedad en la que se inscribe.