La red de corrupción urdida en Estepona por el alcalde socialista Antonio Barrientos es casi un calco de la destapada en Marbella: comisiones ilegales, que iban a una caja b, a cambio de beneficios urbanísticos. 26 personas han sido ya detenidas, entre ellos cuatro ediles.
La trama estaba encabezada por el regidor junto a su jefe de Gabinete, José Flores, y Manuel Reina y José Ignacio Crespo, dos ediles fundadores del Partido de Estepona (PES), ambos ex gilistas, con los que el PSOE pactó para gobernar la ciudad en 2003. Se encargaban de negociar los convenios urbanísticos, una operaciones en las que era sistemático la concesión de comisiones ilegales.
El dinero de estos maletines iba a parar a una caja b, controlada por el propio Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE) y su antecesor en el cargo, Manuel Reina. Según fuentes de la investigación, esta caja b se utilizaba para el lucro personal de los responsables municipales y hasta para financiar a los dos partidos políticos que gobernaron Estepona hasta 2007: PSOE y PES. Todos ellos están ya en la cárcel.
La Fiscalía Anticorrupción y la Comisaría General de Policía Judicial comenzaron a investigar al Ayuntamiento de Estepona en 2006 a raíz de una denuncia interna contra la trama. Sin embargo, algo olía a podrido mucho antes en el consistorio puesto que ya en 1999 la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó irregularidades en materia urbanística en el ayuntamiento, entonces gobernado por Jesús Gil Marín, hijo del alcalde de Marbella Jesús Gil.
Según la investigación, el blanqueo de capitales que llevó a cabo la trama de Barrientos se constata en un incremento patrimonial injustificado detectado en algunos concejales. Aunque el dinero con el que se enriquecían procedía también de adjudicaciones ilegales de obras y servicios, otorgamiento de todo tipo de licencias municipales bajo exigencia de previo pago, favores municipales a amigos y aportaciones directas de empresarios, la clave de la red de corrupción eran los convenios urbanísticos.
De hecho, entre de los detenidos en la operación Astapa están José Romero, presidente de la Promotora Prasa (en libertad con fianza de 300.000 euros), Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de la empresa Valle Romano (en libertad tra pagar 500.000 euros de fianza), Antonio Bazán, empresario de Agrojardín y dos constructoras (libre tras afrontar la fianza de 300.000 euros). En el caso de la cúpula de la trama urbanística, con Barrientos a la cabeza, la jueza del caso, Isabel Conejo, ha dictado para todos la prisión incondicional.
Coincidencias y conexiones . El nexo entre esta operación y el caso Malaya no sólo está en el parecido entre ambas sino en la conexión entre algunos de sus protagonistas, como Pedro López, hoy militante socialista y ex gerente de Urbanismo del PES. José Antonio Roca, en unas escuchas, alude a él como su hombre de confianza en el municipio vecino.
López se ubica en la trama de Estepona vinculado a Flores y Zamorano, mientras que en otra pata del entramado delictivo aparecen Arturo Cebrián y, sobre todo, Javier Wittmeur, ingeniero y ex candidato del PES adscrito a Urbanismo. Wittmeur, en prisión sin fianza, está acusado de tasar por debajo de su valor real el suelo que el ayuntamiento cedía a promotores para que éstos construyeran.
La situación del consistorio en estos momentos es compleja. El alcalde en funciones, Rafael Montesinos (PA), abogó el viernes por la continuidad del actual gobierno -PSOE, PA, IU y Estepona 2007-, aunque "con cambios". Sin embargo, la posibilidad de recomponer el Gobierno depende de si los cuatro ediles socialiastas implicados (Hacienda, Playas, Cultura y Educación) renuncian al acta de concejal, como les ha pedido el PSOE.
