El juez Garzón asegura en un auto que Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama de corrupción que ha salpicado al PP, lideraba un conglomerado de 23 empresas que recibían tratos de favor mediante el soborno a funcionarios de Madrid y Valencia.
Así lo explica el magistrado en el auto en el que acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa -del que dice que trató de huir el día 7 a un país centroamericano- y de dos de sus más estrechos colaboradores en esta trama, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego.
El juez anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho". Según lo investigado en las diligencias, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos ayuntamientos y Comunidades Autónomas", principalmente de las comunidades de Madrid y Valencia "para obtener un beneficio propio".
Se trata, según Garzón, de "un grupo organizado de personas y empresas" liderado por Correa del que forma parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa".
Por todo ello les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, "varios delitos" de falsedad, "múltiples delitos" de cohecho y "diversos delitos" de tráfico de influencias.
Así, para Garzón "consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero" para colocarlo en paraísos fiscales y cómo "para disfrazar" las dádivas entregadas "no dudaron en alterar y falsificar documentos"·
Liberado. Entre las compañías citadas por Garzón está Orange Market, cuyo presidente, Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, fue detenido el lunes pasado y liberado ayer tras comparecer ante Garzón. Pérez Alonso no podrá abandonar el territorio nacional por orden del magistrado. Su arresto se produjo después de que la Policía registrara la sede de la compañía, donde se obtuvieron numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunidad valenciana, entre ellos los expositores que esta región mostró en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, exhibió ayer en el pleno de las Corts, durante la sesión de control al Consell, una fotografía del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la Operación Gürtel, saludando al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Camps realizó este gesto desde la tribuna de oradores, en respuesta a una afirmación del portavoz del PSPV en la Cámara, Angel Luna, quien señaló que Ulibarri cuando en 2005 "llega a la comunitat, consiguió todo tipo de contratos, fundamentalmente en materia audiovisal".
Mientras tanto, en cuanto a las supuestas filtraciones denunciadas por el PP sobre la trama, la Fiscalía ha concluido que las informaciones del diario El País "formaban parte de la información aportada por el denunciante". Por tanto, no se ha constatado "que haya trascendido públicamente información alguna procedente de actuaciones realizadas" por la propia Fiscalía o por el Juzgado de Garzón y "no hay razones que justifiquen sospecha alguna".
