El consejero madrileño Francisco Granados contestó el viernes a las acusaciones que desde hace semanas llueven sobre su departamento. Dejó claro que cuando se publicaron las informaciones sobre la red de espionaje en Madrid ordenó una investigación interna y de ella se deduce que tal trama de espías no existe.
El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid dio estos datos ayer viernes en la Asamblea regional, en la que dijo: "Es absolutamente falso que en la consejería que yo presido se haya creado un departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".
Granados, que a lo largo de su intervención se mostró tranquilo y a ratos sonriente, relató que, ante las informaciones publicadas por El País, encargó a la secretaria general técnica de su consejería que "abriese una información reservada". Explicó que ésta "entrevistó a todos los altos cargos dependientes de la Dirección General de Seguridad relacionados con las informaciones aparecidas" y que "tomó testimonio también a los asesores y personal eventual que se insinuaba que podían tener relevancia en ese asunto".
Tras subrayar que todas esas averiguaciones fueron "infructuosas", argumentó que por eso no ha adoptado "ninguna medida", porque no quiere "inculpar a nadie sin que se demuestre nada". A lo largo de su comparecencia, reiteró que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás" un hecho de las características publicadas por el citado periódico y se puso a "disposición de cualquier comisión de investigación que la Asamblea de Madrid plantee".
La herencia. Granados se esforzó en demostrar que el cuerpo de técnicos de seguridad de su consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También reiteró que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima: el Gobierno de la Comunidad de Madrid". Sus explicaciones no convencieron al PSOE e IU, que volvieron a reclamar su cese. Así, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, le pidió que dimita si no se crea una comisión de investigación.
Mientras tanto, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha sido objeto de seguimientos por los supuestos espías, señaló que es el "control parlamentario" el que debe investigar la presunta trama de espionaje a cargos del Partido Popular. "Es el control parlamentario el que tiene que conocer este tipo de situaciones", aseguró.
Por su parte, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, no quiso valorar la última encuesta publicada ayer sobre intención de voto, en la que el PP aparece peor valorado que hace seis meses, porque "no muestra el recuerdo de voto de los encuestados", es decir, a quién votaron en las últimas elecciones. Un estudio de Mecroscopia para El País destacó ayer que para obtener este resultado se realizaron 800 entrevistas entre el 22 y el 27 de enero, cuando se conoció la trama.
