Tal y como se preveía, Hacienda no consiguió ayer que los representantes de los trabajadores públicos aceptaran o al menos comprendieran el plan de ajuste de la Junta para cumplir con el objetivo de déficit público. Los sindicatos rechazaron de plano unas medidas "impuestas sin negociación" y que, a su juicio, hacen recaer todo el peso de los recortes en las espaldas de los trabajadores. El recorte al Presupuesto andaluz, de unos 2.500 millones, proviene principalmente de la bajada de sueldo a los funcionarios (un 5% de media) y a los interinos, un 15%, igual que disminuye su jornada laboral. El tijeretazo a las nóminas -también bajan un 5% las del presidente, consejeros y viceconsejeros- supone un ahorro de 77 millones. Los trabajadores mantienen su calendario de movilizaciones y anticipan un inicio del verano muy caliente.
"Salimos más decepcionados aún". Es la sensación del sindicato mayoritario de funcionarios, el CSIF-A, al término de la reunión de la Mesa de Función Pública, que duró más de dos horas. El secretario general para la Administración Pública, Manuel Alcaide, presentó a esta organización y a UGT y CCOO el plan de reequilibrio financiero que la consejera, Carmen Martínez Aguayo, llevó el jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El documento de Andalucía pasó por los pelos el duro examen del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero ayer recibió un rotundo suspenso de los sindicatos. Volvieron a considerar "intolerable" que el ajuste se cebe con los salarios de los trabajadores que, según CSIF, han perdido un 21% de su poder adquisitivo en dos años. La consejería, que no les explicó de dónde sacarán los 300 millones extra que tendrán que recortar, les emplazó a enviar una propuesta alternativa el lunes, pero en principio sólo la mandará UGT. Este sindicato, que criticó que el ajuste se haga "a costa de recortar servicios públicos y empleo", pidió que las medidas se tramiten en el Parlamento para poder hacer modificaciones. El secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, reclamó la eliminación de altos cargos -la Junta reducirá a la mitad los delegados provinciales- y un compromiso por ley de que la plantilla pública recuperará sus derechos cuando la economía mejore. CCOO demandó un debate de "mayor calado".
CSIF fue más allá y exigió que los altos se recorten un 30% sus nóminas, que bajen las de los parlamentarios y que la Junta desmantele parte de la "administración paralela", de las empresas públicas. Fuentes de este sindicato censuraron la "tibia" oposición de UGT y CCOO, más cercanos al Gobierno de izquierdas. CSIF mantiene además otra tensa batalla con la Junta por la reordenación del sector público, una reforma enredada en los tribunales. La otra organización más activa contra la "ley del enchufismo" es Safja, el sindicato de funcionarios de la Junta, que no pertenece a la Mesa de la Función Pública y que ayer se plantó a las puertas de la reunión para reivindicar su papel. Hay unas primeras concentraciones el próximo día 21 y una gran manifestación para el 29. Los trabajadores públicos amenazan con protestas sin fecha de caducidad.
