La Audiencia de Sevilla va a juzgar en marco a tres policías locales y a tres empresarios de cruceros turísticos por el río acusados de presuntas "prácticas mafiosas" para hacerse con el monopolio de los paseos en barco por el Guadalquivir. La acusación particular pide siete años de cárcel para cada agente y 41 para los empresarios.
Según informaron ayer fuentes del caso a la Agencia Efe, la Sección Séptima de la Audiencia ha fijado una semana de sesiones, entre el 2 y el 6 de marzo, para este juicio, en el que la acusación particular imputa a los policías locales F.P., J.J.G. y J.P.C. un delito de asociación ilícita, por el que pide dos años de cárcel y multa de 5.400 euros; otro de amenazas, con tres años de cárcel, y un tercer delito de coacciones, con una pena aparejada de dos años de prisión.
Los tres agentes están acusados de trabajar en sus horas libres en tareas de vigilancia en un tablao flamenco, propiedad de los empresarios, y de haber participado en las extorsiones, sabotajes y amenazas que les imputan, gracias a las cuales consiguieron expulsar a otras dos empresas del negocio de los cruceros.
La acusación particular solicita además un total de 41 años de cárcel para los tres empresarios, a los que imputa los delitos de asociación ilícita, extorsiones, amenazas, coacciones, detención ilegal, lesiones y robo. Junto a estas seis personas, están acusados tres empleados de las empresas turísticas y el hermano de uno de ellos, acusados de secuestrar a un hombre y de propinarle una paliza, tras lo cual lo dejaron abandonado en un campo y además le robaron sus pertenencias. La acusación particular, que ejerce otra empresa de cruceros, pide en sus conclusiones provisionales la disolución por orden judicial de las tres compañías propiedad de los imputados.
El caso comenzó a investigarse a raíz del secuestro de J.V.M., un empleado del tablao flamenco que el 8 de mayo de 1998 fue introducido a punta de pistola en un coche, donde le golpearon y robaron como "escarmiento" porque al parecer los empresarios sospechaban que había robado 4.200 euros de la caja. A raíz de dicho secuestro, un ex-guardaespaldas de los empresarios, J.M.C., compareció voluntariamente ante el juez y relató las supuestas "prácticas mafiosas" de los empresarios S.C.G., M.P.R. y J.L.F. para expulsar a la competencia. Tales prácticas han sido negadas por los interesados en su declaración como imputados y las atribuyeron a un chantaje de empleados despedidos, dijeron a Efe fuentes del caso.
La Fiscalía sólo acusa a dos de los policías, para los que solicita una multa de mil euros, y a dos empresarios, para los que pide cinco años de cárcel por secuestro y lesiones. El fiscal imputa a los policías J.J.G. y J.P.C. una falta de coacciones por amenazar al secuestrado, pues el resto de los delitos de extorsiones, amenazas y sabotajes recogidos por la acusación particular han prescrito.
