Julián Muñoz suma otra condena. La Cámara de Cuentas le considera responsable -junto a un ex edil y un abogado- de saquear 35 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella. Tendrán que pagar 50 millones.
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, al ex concejal Esteban Guzmán y al abogado Modesto Perodia al pago de más de 50,7 millones de euros al considerarles responsables de perjuicios económicos al ayuntamiento por irregularidades contables. En la sentencia, que hizo pública ayer el Ejecutivo local, se declara a los tres autores de un saqueo de 35 millones de euros a los caudales públicos de la sociedad municipal Contratas 2000, de la que eran miembros del consejo de administración.
El Tribunal de Cuentas condena a Muñoz, Guzmán y Perodia al pago de esta cantidad, así como de los intereses de la misma "desde el día en que se produjeron los daños", que ascienden a más de 15,7 millones de euros. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece como hechos probados que en la gestión financiera de Contratas 2000 se aprecian diversas irregularidades recogidas en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Marbella de los ejercicios 2000 y 2001, que cuantificaba el alcance de las mismas en casi 40 millones de euros.
El consistorio marbellí interpuso en junio de 2007 una demanda de responsabilidad contable contra los tres condenados por más de 47 millones de euros, pero el Tribunal de Cuentas ha estimado de forma parcial dicha demanda, cifrando en casi 35 millones los perjuicios ocasionados a los fondos de la empresa municipal.
La sentencia considera probadas tres de las cuatro irregularidades denunciadas por el ayuntamiento, entre las que se encuentran pagos injustificados a trece acreedores por valor de más de 11,6 millones de euros, así como a empresas vinculadas al arquitecto Carlos Monteverde por más de 23 millones de euros.
Negligencia. Según la sentencia, la conducta de los miembros del consejo de administración puede calificarse de "gravemente negligente" y dio lugar a que "se produjera un daño para los fondos públicos, al abonarse diversas cantidades para las que no consta existiera el necesario soporte documental" ni un acuerdo del ayuntamiento o la propia sociedad municipal que "justificara la salida de fondos". El Ayuntamiento de Marbella trabaja para localizar los bienes embargables y recuperar los fondos desviados.
