La continuidad del Consorcio Metropolitando de Transportes de Sevilla sigue en el aire después de que el consejo de administración no pudiese votar ayer la reforma de los estatutos que proponen el PSOE y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta. De esta forma, la ausencia del PP en la reunión impidió llevar a votación la propuesta de prorrogar en 2015 y 2016 las participaciones que componen el Consorcio Junta de Andalucía en un 45 por ciento, Diputación de Sevilla en un 5 por ciento y municipios consorciados en un 50 por ciento, asumiendo la Consejería el cien por cien de la financiación de dicho ente a partir de 2017, a pesar de que la Ley de la Reforma Local impone que la asunción sea efectiva de manera inminente dado el carácter deficitario del consorcio.
Esta proposición, según informó el secretario de empleo socialista y alcalde de El Viso del Alcor, Manuel García, está avalada «por un informe del área jurídica de la Diputación provincial, que permite que se prolongue la cofinanciación que existe a día de hoy, siempre y cuando la Junta «cumpla el compromiso de asumir íntegramente las competencias». Así, la propia Consejería confirmó a este periódico que la propuesta está «sobre la mesa» y que es necesario «estudiarla», recordando que, en los últimos años, ha invertido en el consorcio «más de lo que le correspondía» con respecto a su participación. No obstante, el vicesecretario de organización del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, justificó la ausencia popular en el consejo de administración alegando que, con esta modificación provisional, la Junta pretende «seguir eludiendo su responsabilidad a costa de los ayuntamientos», añadiendo que su formación política no va a formar parte «de la farsa que supone el intento de aprobar una modificación estatutaria sin consenso».
De la Rosa se refiere así a la citada prórroga mediante la cual los municipios consorciados seguirían asumiendo el 50 por ciento de la financiación dado que, tal y como apuntó Benítez, «que la Consejería lo asuma ahora mismo es inviable económicamente». Sin embargo, De la Rosa manifestó en este sentido que «la Junta de Andalucía tendría que o, a través de un modificación estatutaria, haber asumido el 100 por cien de las competencias, o haber disuelto el consorcio y que esa competencia la asuma una agencia o una consejería», algo que desde el PSOE quieren «evitar a toda costa porque, si se disuelve el consorcio, los ciudadanos que usan el transporte público serán los más perjudicados». Así, Benítez apeló a la «responsabilidad» tanto del PP como de IU que gestiona la Consejería de Fomento y Vivienda, con el objetivo de que «busquen soluciones» en las reuniones del Consorcio de Transportes ante la indefinición de la Reforma Local, «que retira las competencias a los ayuntamientos, pero que no les exime de la responsabilidad de prestar el servicio a sus vecinos», sentenció Benítez.
Por su parte, Juan de la Rosa respondió a los socialistas que «a quien deben pedir explicaciones es a Elena Cortés y a IU, de los que están siendo cómplices de poner en riesgo los servicios de transportes y de asfixiar a los ayuntamientos con competencias que son suyas». Este rifirrafe provoca que el futuro del consorcio esté ahora mismo en el aire, de ahí que el PSOE haya solicitado a la Consejería «que vuelva a convocar todas las partes y que ponga encima de la mesa todas las respuestas antes del 1 de enero».
