La patronal concertada que representa a los 11 colegios católicos que segregan por sexo al alumnado va a librar un pulso con la Junta para conservar su modelo educativo. Todos pedirán renovar sus conciertos para recibir la subvención, pero no implantarán la educación mixta, como dicta la nueva orden. Si la consejería les retira el dinero, pedirán al juez la suspensión cautelar e irán a juicio.
La Consejería de Educación y la Confederación de Centros de Enseñanza Privada (CECE) han retomado una vieja discusión: ¿debe la Junta subvencionar con dinero público un modelo educativo que contradice los principios de la escuela pública? Este debate empezó hace 10 años y acabó por resolverse en los tribunales. Educación advirtió a los concertados que segregaban por sexo, casi todos vinculados al Opus Dei, que les retiraría las subvenciones si no se adaptaban al modelo mixto, pero el TSJA tumbó la normativa de la Junta.
Lo de ahora es como un segundo asalto. Un pulso en el que la Administración defiende su potestad para decidir cuáles han de ser los criterios de admisión en los colegios sostenidos con fondos públicos, y la patronal concertada se juega su derecho a preservar el modelo educativo que ha mantenido (en algunos casos) durante más de 40 años. El problema es que ese modelo -que separa a los niños de las niñas- es contrario al que propugna el Gobierno andaluz, y por eso la Junta acaba de publicar una orden en la que pone como requisito obligatorio la implantación progresiva de la escuela mixta para todos los colegios concertados que quieran renovar sus conciertos. "Educación no va a seguir financiando escuelas que segregan al alumnado por su condición de sexo porque es contrario a la política educativa de la Junta y a la Ley Orgánica de Educación (LOE)", explican fuentes de la consejería. Al contrario de lo que ocurrió hace diez años, ahora la LOE prohíbe específicamente "la discriminación por sexo".
Sin embargo, los 11 centros escolares andaluces -cinco en Sevilla- que aún mantienen el modelo diferenciado van a solicitar este mes la renovación de las subvenciones públicas, haciendo caso omiso a la nueva orden y a la voluntad expresada por la Junta de retirarles el dinero si no empiezan a admitir alumnos de ambos sexos a partir del curso que viene. La CECE, que representa a los 11 centros, hace una lectura distinta de la LOE para defender la educación diferenciada. El secretario general de CECE, Rafael Caamaño, explicó ayer a este periódico que su organización peleó en la redacción del texto de la LOE para que el Ministerio de Educación incluyera una disposición adicional que, según Caamaño, permite que la educación mixta y la diferenciada convivan sin problemas. "La disposición 25 dice que la escuela mixta será preferente y prioritaria, pero no excluyente. La LOE no impide la concertación de centros de educación diferenciada", dice Caamaño, convencido de que la Junta no les retirará los fondos. "Ningún colegio va a cambiar su modelo. Desde un punto de vista jurídico, Educación tiene una posibilidad cero de obligarnos", dice.
La CECE también se apoya en la convención de la Unesco contra la discriminación en la enseñanza, suscrita por España. El artículo 2 dice: "En caso de que el Estado las admita, no será considerada constitutiva de discriminación (...) la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y femenino, siempre que ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza". Es decir, el colegio Altair, sólo para niños, estaría discriminando a las niñas si en Sevilla no hubiera más colegios.
A los tribunales. Con todo, la Junta ya ha manifestado su intención de retirarles la subvención en mayo si el próximo mes de marzo no han empezado a admitir alumnos de ambos sexos. Los concertados pasarían a ser privados de forma paulatina (desde el primer curso) y en ningún caso afectaría a los padres que ya tienen escolarizados a sus hijos en estos centros. De ser así, la patronal solicitará la suspensión cautelar de la retirada de conciertos a un juez y recurrirá la orden en los tribunales, retornando al mismo litigio que se libró hace diez años. También en los juzgados hay sentencias encontradas sobre este tema. En Sevilla, Altair (de niños), y Nuestra Señora de Lourdes (Carmona), Ángela Guerrero, Albaydar y Ribamar (de niñas) son los cinco afectados.
