La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cargó ayer jueves contra la "aparente rebelión" de los jueces y avisó de que algunas "amenazas están rayando mandatos constitucionales". Respondió así al juez decano de Córdoba que amagó con reducir el trabajo y "esto en dos años revienta", dijo. El Poder Judicial también recriminó esta actitud.
Las comunidades se reunieron ayer jueves con los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para que los ciudadanos recobren la fe y la confianza en la Justicia. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apunta que los tribunales son la institución del Estado peor valorada por los ciudadanos.
La reunión se celebró en mitad de la tormenta desatada por las declaraciones del juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, que amenazó el pasado miércoles con reducir a la mitad el número de juicios celebrados en su provincia "y estos en dos años, permítaseme la expresión, revienta".
Las quejas de Rabasa, a las que se uman otros magistrados en pie de guerra, están precedidas de un informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que arroja una demoledora fotografía de la situación. Un dato: faltan 1.245 funcionarios. Las protestas se han encendido a una semana de que el Poder Judicial dictamine su sanción al juez sevillano Rafael Tirado por el caso Mari Luz.
El jueves la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, dijo compartir la petición del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, de "trabajar por y para la pacificación" pero mantuvo que a veces es "difícil" especialmente "cuando ya no quedan más mejillas que poner, cuando ya no solamente hemos entregado la capa sino que voluntariamente también hemos entregado la túnica". Ante la "aparente rebelión" de los jueces, Naranjo advirtió que hay "amenazas que están rayando los mandatos constitucionales".
Tras declararse "perpleja" por las declaraciones del juez Rabasa, le retó a cumplir su envite de reducir a la mitad los juicios: "Él es un poder del Estado, que lo haga". Sobre el magistrado recordó que estuvo con él visitando la Audiencia Provincial de Córdoba el pasado 13 de junio y comprobó in situ que "tenía grandes desconocimientos de servicios esenciales".
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, también recriminó la actitud del juez decano de Córdoba y lamentó que se anuncien medidas "tan drásticas" que confió en que "no se lleven a cabo" porque puedan causar un daño irreparable a los ciudadanos y no son oportunas. No obstante evitó adelantar las medidas que adoptaría el Consejo si se llevan a cabo.
