La metodología usada por los Servicios Públicos de Empleo para medir los datos oficiales del paro registrado eliminó al cierre del año pasado a 125.685 andaluces de esta negra lista laboral a pesar de que buscaban y no encontraban trabajo. Ésta es una de las claves de la gran diferencia que existe entre sus cifras y las aportadas por la EPA (Encuesta de Población Activa), cuyos datos son los únicos que se toman en cuenta por las instituciones internacionales y se conocerán el 22 de enero.
Tal exclusión, que obedece a casuísticas fijadas en la metodología para no contabilizar como desempleadas a esas miles de personas que sí constan en el mismo registro oficial en este caso, el Servicio Andaluz de Empleo, SAE como demandantes de trabajo, aumentó el 1,9 por ciento en 2014 con respecto al ejercicio previo, un porcentaje equivalente a 2.350 más.
Aquel número implica que Andalucía aporta el 43,89 por ciento de todo el descarte nacional (fueron 286.316 personas al finalizar diciembre, con cuatro décimas de alza anual). Una proporción muy elevada que tiene una explicación fundamental: todos los beneficiarios del subsidio agrario vinculado al antiguo Plan de Empleo Rural (PER) se excluyen, prestación que sólo se cobra en dos comunidades: ésta y la de Extremadura.
En efecto, el hecho de percibir ese subsidio elimina a los eventuales del campo a pesar de que la gran mayoría tan sólo puede trabajar algunos meses o incluso apenas semanas al año son 35 peonadas las necesarias para acceder a la prestación, aunque en 2015 serán sólo 20 ante la bajada del empleo en el olivar tras el desplome de la producción es una de las causas aducidas para rebajar la dimensión del paro en España.
Aunque se esté sin trabajar y apuntado al SAE, no se consideran parados y, por tanto, tampoco a efectos de medir la evolución real del mercado laboral quienes demandan un empleo para un periodo inferior a los tres meses o con jornada inferior a las 20 horas semanales; los estudiantes siempre menores de 25 años o que superando esta edad sean demandantes de primer empleo; los asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional, cuando sus horas lectivas sean más de 20 a la semana, se beneficien de una beca al menos de manutención y sean demandantes de primer empleo; los beneficiarios de prestaciones por desempleo pero en situación de compatibilidad de empleo por realizar un trabajo a tiempo parcial; los eventuales del campo andaluz y extremeño que perciban el subsidio o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un periodo superior a un año desde el día del nacimiento del derecho a cobrarlo; quienes rechacen acciones de inserción laboral adecuadas «a sus características»; y los demandantes de empleo «sin disponibilidad inmediata» para el trabajo.
El resto de las causas de exclusión serían más lógicas. Estamos hablando quienes solicitan otro empleo compatible con el que ejercen (el pluriempleo), los que se sacan la tarjeta de mejora del empleo porque no se encuentran a gusto con el que tienen o los jubilados que tratan de compatibilizar pensión y trabajo. Eso sí, son causuísticas de menor dimensión que las de los jornaleros o estudiantes.
A cierre de 2014 el número oficial de parados para Andalucía era de 1.009.683. A esta cifra se agregan los 125.685 excluidos para así conformar el colectivo de los llamados DENOS (Demandantes de Empleo No Ocupados), en volumen de 1.135.368. Después inscritos en el SAEhay otros 204.147 andaluces ocupados pero rastrean un trabajo mejor, y 36.052 que revelan una disponibilidad «limitada» en su solicitud indican condiciones personales de trabajo: sólo a domicilio, teletrabajo, en el extranjero, etcétera y que tampoco son catalogados oficialmente como parados por mostrar especiales exigencias. En total, los demandantes de empleo al concluir 2014 eran 1.375.567 para la comunidad y 5.806.306 en el conjunto del Estado, donde los parados realmente reconocidos fueron 4.447.711.
Pero son aquellos 125.685 los que, en el caso de Andalucía, distorsionan en exceso la estadística del SAE y la aportada por la EPA, mientras que en otras comunidades estas diferencias en los datos sí se están acortando.
Así, cuando se habla de que Andalucía puede en breve bajar del millón de parados, algo que el Gobierno regional esperaba para el verano pasado, se habría que añadir la coletilla: con permiso de esos miles de desempleados excluidos por la metodología. Porque a tenor de ésta, no se concibe que un estudiante aspire a trabajar mientras realice su carrera, que los eventuales agrarios no computen siquiera como desempleados por el mero hecho de que perciben el subsidio seis meses habiendo sólo trabajado uno o que estar realizando un curso de formación ocupacional sea óbice para quitar de la estadística a un parado que precisamente hace este curso porque no tiene trabajo.
