Carmen Rodríguez Quijano, la esposa del presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada en la operación Gürtel, aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no tiene trato con su marido porque está en proceso de separación desde hace cuatro años, y que desde 2001 está desvinculada de todas sus empresas, según explicaron fuentes de su defensa.
Rodríguez Quijano, que quedó en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes, señaló que fue administradora única de las sociedades de la trama Special Events y Pasadena Viajes a petición de José Luis Izquierdo, un amigo de la infancia que también se encuentra imputado en la causa y que, según dijo, le decía en todo momento qué documentos tenía que firmar.
Respecto a su relación con Correa, indicó que mantiene el régimen de separación de bienes desde que comenzaron a separarse, hace ahora cuatro años, y que apenas tiene trato personal con él desde esa fecha, por lo que desconoce sus actividades empresariales. De su declaración, que se prolongó durante casi una hora y media, también se desprende que nunca habría cobrado de las sociedades de su marido, ya que se encontraba a sueldo del Ayuntamiento de Majadahonda, en el que ocupaba el cargo de jefa del gabinete de Guillermo Ortega y desarrollaba tareas de publicidad y relaciones con los medios de comunicación.
En la actualidad, según dijo, cobra de la empresa Construcciones Salamanca, que dirigía su padre, Emilio Rodríguez Bugallo, procesado en la Operación Malaya por un presunto delito de cohecho y fallecido el 26 de junio de 2008. También indicó que sus únicas propiedades son tres cuentas corrientes y una vivienda hipotecada al 100%. De la misma forma, fue preguntada por su relación con el también imputado Antoine Sánchez, al que dijo conocer únicamente porque era primo de su marido.
En todo caso, indicó que desconocía las actividades empresariales que llevaba a cabo. Rodríguez Quijano está representada por el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, que abandonó la Fiscalía hace unos meses después de permanecer adscrito durante varios años al juzgado de Garzón, donde se ocupó de investigaciones relacionadas con la banda terrorista ETA y sus grupos afines.
Tras el interrogatorio, Garzón imputó a Rodríguez los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, aunque la dejó en libertad con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado más cercano a su casa.
Previamente, había comparecido la primera de las imputadas, Carmen Luis Cerezo, que abandonó el juzgado a los diez minutos sin hacer declaraciones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también tomó declaración a Felisa Jordán Goncet, que se encuentra imputada en la causa al estar presente en los consejos de administración de las empresas, y también quedo libre.
Ya por la tarde, la Policía trasladó a las dependencias de la Audiencia Nacional a Alvárez Pérez, gerente de Orange Market, al líder de la trama, Francisco Correa, y los también detenidos Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Al cierre de esta edición no habían transcendido sus declaraciones.
