Los tres cooperantes españoles Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, que iban a bordo de la Flotilla de la Libertad, se han querellado contra el jefe del Ejecutivo israelí, Benjamín Netanyahu, otros seis ministros de su Gobierno y un alto cargo militar por delitos de lesa humanidad.
Así consta en la querella, de 86 folios, que presentaron ayer en la Audiencia Nacional y que ha correspondido por reparto al magistrado Pablo Ruz, que sustituye a Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
El escrito recoge los nombres de los ministros de Defensa, Ehud Barack; el de Asuntos Exteriores, Avignor Lierberman; el de Interior, Eli Yishai; el de Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; el de Asuntos Estratégicos, Moshe Ya'alon; y el ministro sin cartera Benny Begin, así como contra el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marom. Considera a los ocho culpables de los delitos de lesa humanidad con resultado de tres detenciones ilegales, tres deportaciones forzosas y tres delitos de tortura menos graves y de otro contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado por el abordaje de la flotilla humanitaria Mavi Mármara en el que murieron nueve activistas turcos por disparos de los comandos israelíes el pasado 31 de mayo.
No obstante, uno de los abogados que ha participado en la redacción de la querella Enrique Santiago apuntó la posibilidad de ampliar la querella contra funcionarios israelíes "que hayan tenido responsabilidad en la puesta en marcha de este plan criminal y en su ejecución". En el texto, que presentaron Tapial y Arau en representación también de Segarra y las asociaciones Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y Cultura, Paz y Solidaridad, solicitan asimismo que Ruz tome declaración a los querellados y a los querellantes. También le reclaman que curse comisión rogatoria a Turquía para que aporten una copia de las autopsias de los fallecidos y toda la documentación que hayan recabado del caso.
Israel, explican, "abordó violentamente" los seis barcos que conformaban la Flotilla de la Libertad que "se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria con 750 personas a bordo", un ataque que se saldó con nueve activistas muertos y 38 heridos y otros tantos desaparecidos. "Días antes de producirse los abordajes y la masacre, siete ministros israelíes se reunieron para concretar la operación" que la "planificaron y dieron orden para dar el ataque", aseveran. Los querellantes califican de "falacia" el argumento dado por los soldados israelíes de que sus vidas corrían peligro, ya que la respuesta de los cooperantes se realizó con "canicas, sillas y palos" frente a los militares.
Investigación de la ONU. A esta querella se une la investigación independiente que ha ordenado la ONU para indagar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el ataque del ejército israelí a la flotilla humanitaria. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Sihasak Phuangketkeow, nombró ayer a los tres expertos que realizarán la investigación del caso, porque "se trató, sin duda, de una respuesta desproporcionada a unos hechos que no tenían relevancia penal alguna".
Israel, por su parte, calificó de "provocación" la querella de los cooperantes españoles y manifestó que "el Estado de Israel actuó y sigue actuando conforme al derecho internacional", según el portavoz oficial del Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, Igal Palmor, quien afirmó que a los miembros de la flotilla "no les importaba nada la verdadera ayuda humanitaria".
