Educación va a poner límites a una orden que, hasta ahora, permitía a cualquier padre, detective o abogado acceder a los datos de los alumnos admitidos para buscar un fraude escolar. En abril, los colegios no colgarán del tablón los datos de las matrículas, sólo la puntuación total. Al restringir la información personal, la delegación cree que se acota "a los que investigan fraudes para hacer negocio".
La Consejería de Educación está trabajando en los cambios a la orden de admisión de alumnos, que estará lista para la escolarización de marzo. El borrador, al que ha tenido acceso El Correo, incluye las peticiones de la Agencia de Protección de Datos, que en noviembre acusó a la consejería de usar una norma que cometía una "infracción muy grave" de la ley, porque obligaba a los colegios a publicar datos personales de sus alumnos menores.
Dentro de un par de meses, cuando salgan las listas provisionales de alumnos admitidos en los colegios para el próximo curso, los padres sólo van a encontrar en el tablón de anuncios el nombre de sus hijos y "exclusivamente el total de puntos obtenidos" en el baremo, según dice el borrador.
Esos puntos dependen de los requisitos que se necesitan para obtener una plaza, y responden a datos personales del alumno aspirante, como su domicilio, el lugar de trabajo de sus padres, el número de hermanos, la renta... Hasta ahora, si una familia se sentía discriminada en el reparto de plazas -porque su hijo no había logrado entrar en el colegio que esperaba- no tenía más que acudir al tablón de la escuela, situado en un pasillo, y coger la lista de todos los admitidos, en la que aparecían los puntos que habían logrado por cada uno de los criterios del baremo.
Después contrataban a un detective y a un abogado, y estos empezaban a investigar a los chavales y a sus familias, uno a uno, usando los datos personales que les había proporcionado el propio colegio, la propia administración. Este procedimiento facilitaba que unas familias se investigaran a otras y que en los últimos años proliferasen las denuncias por fraude escolar, para lograr una plaza en alguno de los colegios concertados más famosos de Sevilla.
La consejería amparaba el procedimiento en el afán de ser transparentes en el reparto de plazas escolares, hasta que una familia sevillana denunció a la Delegación Provincial de Educación de Sevilla por permitir que el colegio diera datos de su hijo a otra familia para arrebatarle la plaza. Esta denuncia se envió a la Agencia de Protección de Datos, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, que emitió un dictamen hace dos meses instando a la Junta a tomar dos medidas inmediatas: retirar la orden que exponía a cualquier niño a una investigación por fraude, haciendo públicos datos de su vida privada; y limitar la difusión de esos datos "en tablones de anuncios, internet o boletines oficiales". La consejería aceptó la resolución, y ahora ultima los cambios a esa orden.
A partir de ahora, las denuncias y la investigación por fraude escolar se harán a puerta cerrada, en un despacho del colegio, previa petición expresa de los padres interesados. Los centros ya no están obligados a publicar los datos de sus alumnos, pero las familias seguirán teniendo un asidero legal en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Según ésta, quienes se consideren discriminados en el reparto de plazas podrán pedir al director del colegio ver los expedientes de otros niños, previa solicitud escrita, y siempre que demuestren "ser parte afectada en el proceso de concurrencia competitiva". Fuentes de la delegación explicaron ayer que estos cambios impedirán que se cuelen en el sistema "terceras personas, como detectives y abogados, que han descubierto que pueden hacer negocio investigando a menores y vendiendo información a otras familias". El número de denuncias por fraude escolar en Sevilla ronda cada año las 700, de las que más de 200 terminan siendo investigadas por la Policía y pueden acabar con la expulsión de un alumno por haber falsificado datos de su matrícula.
