En plena revolución del mundo judicial, las estadísticas de los juzgados sacan a la luz una realidad diaria: la saturación. En sólo tres meses los juzgados de lo Penal han acumulado 1.218 sentencias por cumplir, lo que hace que, a final de septiembre, estos órganos tuviesen 9.117 condenas pendientes.
Las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hablan por sí solas: los juzgados de lo Penal no pueden asumir el número de sentencias que tienen que hacer cumplir. Los 13 órganos de esta jurisdicción en Sevilla cerraron el tercer trimestre del año con 9.117 ejecutorias (el trámite judicial para hacer cumplir una condena) pendientes, lo que supone, 1.218 más que en el trimestre anterior y 2.171 más que al cierre de 2007, debido, en gran parte, a la entrada en vigor de la nueva ley de Tráfico.
Precisamente, los retrasos en la ejecutoria del presunto asesino de Mari Luz, y la posterior sanción al juez del Penal número 1 de Sevilla, han puesto en pie a la carrera judicial, que incluso esta misma semana ha convocado protestas para el próximo 18 de febrero y una histórica huelga para el 26 de junio si, hasta entonces, las administraciones con competencias en materia de Justicia no abordan las reformas necesarias para mejorar la actual situación de sobrecarga y falta de medios. De momento, las cuatro asociaciones de magistrados ya han sido convocadas por el Ministerio de Justicia para el 26 de enero, cinco días después de la convocatoria de juntas de jueces en toda España en las que, previsiblemente, se ratificarán las protestas.
Entre las miles de sentencias por ejecutar se encuentran casos de malos tratos, abusos sexuales (como el que tenía pendiente Santiago del Valle), lesiones y, sobre todo, delitos contra la seguridad del Tráfico. Y es que la entrada en vigor de la reforma que ha creado nuevos delitos sobre a la seguridad vial ha sido la puntilla para los juzgados penales, pues, aunque los juicios y las sentencias son responsabilidad de los de Instrucción, la ejecución de la condena compete a lo Penal.
De hecho, las reivindicaciones de últimas juntas de jueces se han hecho eco de esta nueva realidad y han venido reclamando medidas para evitar el colapso. El informe anual del decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, recoge que los penales se han hecho cargo de 4.522 sentencias dictadas por los juzgados de Instrucción, por lo que reclama que se creen "al menos dos juzgados de lo Penal y un servicio común de ejecutorias" o, en su defecto, "cuatro juzgados de lo Penal" para que los magistrados se puedan ajustar al módulo de trabajo del CGPJ, que sólo hace referencia al número de sentencias que deben dictar y no contempla el control de las ejecutorias. Unas reclamaciones a las que se suma el informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estima que la plantilla de funcionarios de Sevilla debería ser ampliada con 300 plazas.
Con este panorama, las ejecutorias acumuladas en los juzgados de lo Penal han ido aumentando. Así, mientras del tercer trimestre de 2007 al último, sólo acumularon 32 ejecutorias; a lo largo de 2008 el número ha ido creciendo de forma alarmante: de final de 2007 al final de marzo de 2008 acumularon 159 ejecutorias más, de abril a junio sumaron otras 794 pendiente de ejecutar, y de julio a final de septiembre han sido 1.218 más, sumando un total de 9.117 y aún queda por sumar el último trimestre.
