Estamos ante un hecho incuestionable como es la ralentización en la concesión de créditos tanto por los bancos como por las cajas a empresas y particulares. Nadie puede negar este hecho. Y no es un fenómeno singular sino que se extiende por toda Europa hasta el punto de que las autoridades comunitarias se han visto obligadas a dar un severo toque de atención a las entidades financieras para que desbloqueen este proceso con el fin de reactivar la economía. La situación es tal que las administraciones públicas no hacen más que inyectar liquidez en dichas entidades sin que el ciudadano de a pie o el empresario estén notando los efectos positivos de esta costosa medida. Hasta el momento, dicen los expertos, tan extraordinaria aportación de recursos está sirviendo, más que todo, para sanear sus balances antes que para restablecer la normalidad en los mercados financieros. Sin embargo, desde los referidos estamentos financieros, apuntan a la escasa demanda como la principal causa de que no se den tantos créditos como antes así como a la obligada necesidad de extremar al máximo el rigor a la hora de concederlos dados los tiempos que corren.
En el caso andaluz, asistimos impotentes a la evolución de los acontecimientos. Ya se ha advertido, por activa y por pasiva, que en caso de que no reaccionaran, sobre todo, las cajas, se tomarían por parte de las instituciones otras medidas más expeditivas. Hasta el momento no se ha llegado a tal extremo ni se ha precisado por parte de nuestros mandatarios qué tipo de actuaciones se llevarían a cabo. En definitiva, dan la sensación de que poco más pueden hacer olvidándose de que la Administración Pública así como determinados colectivos tienen un protagonismo destacado en los órganos de gobierno de las cajas. Por eso no se deben echar en saco roto las últimas declaraciones de Diego Valderas (IU), quien ha recordado la nutrida presencia de representantes de la Junta, y de los sindicatos de clase en los más altos puestos de mando de estas corporaciones sin que, aparentemente, esto sirva para resolver la cuestión.
En definitiva, nos encontramos, una vez más, ante el viejo dilema entorno a la necesidad o no de introducir un mayor intervencionismo de los gobiernos como piden muchos o respetar el grado de autonomía adecuado en la gestión de las cajas como reclaman otros. A la espera de resolver esta disquisición lo cierto es que la sensación que tiene parte de la ciudadanía es que para nada se notan diferencias en el comportamiento de estas entidades con respecto a la banca pura y dura. A pesar de ello, los datos objetivos facilitados por el Banco de España vienen a señalar, al menos en el caso de las grandes cajas andaluzas, que ha aumentado el porcentaje de créditos concedidos. Eso dicen los fríos números aunque en la calle la impresión que se tiene es que es el momento para que se note más que nunca el carácter social de "nuestras cajas de toda la vida."
